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La interoperabilidad constituye un elemento clave para lograr la transformación digital del sector salud. Esta permite el intercambio de datos comprensibles y ofrece la disponibilidad de la información a los actores involucrados, redundando en una atención de mayor calidad al ciudadano y una continuidad de la asistencia en todos los episodios de atención del paciente.
A nivel internacional, España, Australia, Reino Unido y Canadá son denominados “países referentes” en materia de interoperabilidad en salud, según el Libro Blanco de Interoperabilidad en Salud, presentado Minsait, una compañía de Indra.
En América Latina, Uruguay es el país con mejor posicionamiento. Le siguen Argentina, Colombia y Brasil respectivamente, debido a los avances logrados con iniciativas concretas en un corto período de tiempo.
Chile queda relegado al quinto puesto, fruto de la no consecución de iniciativas lanzadas. Perú aparece en la sexta posición, seguido únicamente de Bolivia y México, “lastrados con problemas de redes de comunicación y con mucho camino aún por recorrer en materia de interoperabilidad”, según el documento de Minsait.
El menor grado de madurez del mercado peruano se ve en los pilares de preparación (infraestructura tecnológica, estándares y formación) y del uso de soluciones interoperables por parte de facultativos, pacientes e instituciones.
FODA de la interoperabilidad en el Perú
En el caso de Perú, Minsait reconoce como fortalezas la regulación adoptada en el país y la historia clínica electrónica implementada en la red EsSalud, que está preparada para conectarse al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE).
Sin embargo, también hay debilidades: las iniciativas están enfocadas como gasto y no como inversión, hay limitaciones económicas, resistencia al cambio, falta de estándares de terminología y falta de capacitación profesional.
Como oportunidades se plantean la extensión de la Red Nacional de Telesalud y la infraestructura nacional de banda ancha, mientras que se presentan como amenazas la falta de apoyo político, la seguridad de la información, la falta de colaboración y la desactualización de catálogos de estándares existentes.