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Era la mejor casa en una cuadra de mala calaña, decía el dicho en los círculos financieros, un oasis en una región que la mayoría de los inversionistas consideraba demasiado tumultuosa. Ahora la casa está en llamas, el vecindario va cuesta abajo y esos inversionistas se esfuerzan por comprender lo que significa una ola incomparable de violencia y protesta para el futuro económico y financiero de Chile.
Apenas ha pasado un mes desde que el Gobierno desencadenó el caos con una medida para aumentar las tarifas del metro en cuatro centavos. Ese pequeño ajuste terminó desencadenando una explosión social que impulsó la moneda a un mínimo histórico, golpeó las acciones y le costó a Chile su título de prestatario más seguro de América Latina, según la medición del costo para cubrirse contra un incumplimiento.
Los manifestantes ahora exigen pensiones más altas, mejor atención médica, menos desigualdad económica y una nueva Constitución. Todos estos temas, por supuesto, podrían ser beneficiosos para los chilenos común y corriente y ayudar a la nación en su avance hacia el estado de economía desarrollada. Sin embargo, para inversionistas es preocupante arriesgar el compromiso de prudencia fiscal y financiera de décadas que siempre distingue al país de sus pares. El presidente, Sebastián Piñera, ya ha conmocionado a la comunidad empresarial al tratar de apaciguar a los manifestantes con promesas de alterar la Constitución y aumentar el gasto.
“Chile ha sido el oasis, el mar tranquilo en lo que normalmente es una región tormentosa”, dijo Edwin Gutiérrez, jefe de deuda soberana de mercados emergentes de Aberdeen Asset Management en Londres. “Pero ahora es el foco, el punto de activación del tsunami”.
En las primeras horas de esta mañana, los líderes de casi todos los partidos en el Congreso acordaron convocar a un plebiscito sobre si, y cómo, redactar una nueva Constitución. Esto contribuirá en gran medida a satisfacer las exigencias de los manifestantes.
Chile consolidó su condición de forastero en América Latina a fines de los años setenta y ochenta durante la dictadura de Augusto Pinochet cuando un grupo de economistas, muchos formados en la Universidad de Chicago, implementaron una serie de reformas de libre mercado. Recortaron el gasto público, redujeron las tarifas y privatizaron los servicios públicos, los derechos de agua y el sistema de pensiones. Las reestructuras finalmente pusieron fin a años de inestabilidad marcados por hiperinflación y desempleo, problemas que persistieron durante los primeros años de la dictadura.
Para cuando el país regresó a la democracia en 1990, las reformas impulsaron un auge económico que registró un crecimiento anual promedio de 6% durante la próxima década. En la década del 2000, el país comenzó un fondo de riqueza soberana, algo fuera de lo común para un país en desarrollo.
Desde entonces, Chile cuenta con una de las mejores calificaciones crediticias entre mercados emergentes. Pero ahora, la percepción de los inversionistas sobre el riesgo se ha disparado. Si bien durante años el costo para asegurar bonos soberanos fue el más bajo de la región, el precio ahora es solo un poco superior al de Panamá. Aunque las acciones brasileñas están cerca de un máximo histórico, el índice de referencia de Chile está cerca de un mínimo de dos años. La caída del peso del 7,9% este mes es la peor entre más de 140 monedas monitoreadas por Bloomberg.
Además, los inversionistas no esperan que el dolor desaparezca pronto. El mercado de opciones de divisas de Chile muestra que los inversionistas se están preparando para un largo período de inestabilidad a medida que aumenta la volatilidad implícita.
Por supuesto, la agitación social en Chile no está ocurriendo de manera aislada. Gobiernos populistas han sido elegidos en México, Brasil y Argentina. Venezuela es básicamente un Estado fallido. El presidente de Perú recientemente disolvió el Congreso luego de que su predecesor fuera derrocado en medio de acusaciones de corrupción. Y, en Bolivia, partidarios enfurecidos del expresidente Evo Morales se están enfrentando con la policía mientras su reemplazo intenta establecer el orden.
En Chile, existe un amplio apoyo popular a la reforma: casi tres cuartos de los encuestados a fines del mes pasado dijeron que las protestas deberían continuar. Lo que preocupa a analistas no son unos pocos trimestres de lento crecimiento mientras el país limpia los escombros de los disturbios. La verdadera preocupación es que el modelo económico y social que ha respaldado 30 años de rendimiento superior podría ser descartado.
“Es cierto que el crecimiento es bajo”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina en Goldman Sachs Group Inc. “Es cierto que los ingresos no son lo suficientemente altos, que esta es una región desigual, que hay corrupción e impunidad, que las personas se sienten privadas de sus derechos y sin representación y sin progreso económico.
“Pero si se opta por un atajo o una respuesta populista, se puede empeorar la situación”, dijo.
El Chile del futuro probablemente tendrá una mayor carga impositiva, un mayor gasto fiscal y posiblemente más deuda. Una amenaza adicional, dada la falta de apoyo a los partidos políticos tradicionales en Chile, es que una nueva Constitución podría terminar empoderando a políticos tanto de extrema izquierda como de derecha.
“Esta no es una situación en la que el Gobierno pueda restablecer la estabilidad haciendo algunas concesiones y dejando el marco intacto”, dijo Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management en Nueva York. “El resultado neto de lo que es probablemente una prima de riesgo nueva y permanente, y una reducción en los incentivos para la inversión corporativa que debería generar un crecimiento estructuralmente más bajo”.
Dicho todo esto, Chile está bien posicionado para cambiar hacia impuestos más altos y aumentar el gasto. Después de acumular enormes excedentes presupuestarios durante el auge de los productos básicos, la nación puede darse el lujo de gastar algunos puntos más del producto interno bruto en salud y pensiones. El gobierno gasta alrededor de 25% del PBI, en comparación con 38% en Brasil y Argentina.
La desigualdad es severa. El 1% superior de Chile ha ganado del 20% al 25% del ingreso nacional casi todos los años desde 1990, según un estudio 2018 publicado por la entidad World Inequality Database, que recopila información sobre desigualdad de ingresos en países desarrollados, en desarrollo y en transición. Un documento de trabajo 2014 del Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo descubrió que es probable que los súper ricos de Chile hayan estado tomando una mayor proporción de riqueza que cualquier otro país del mundo.
“Si hay una economía que puede permitirse tener un poco más de gasto social y deslizamiento fiscal, es Chile”, dijo Gutiérrez de Aberdeen, quien ayuda a administrar US$ 16,000 millones en activos. “Los años de ahorro lo han mantenido bien. La redistribución también es necesaria”.
Está considerando agregar más valores chilenos a su cartera, aprovechando la reciente liquidación para fijar precios bajos. Hasta ahora, la deuda chilena no ha pagado lo suficiente como para ser atractiva.
Como ejemplo de cómo ha cambiado el país, el 13 de noviembre, el comité político de Renovación Nacional de Piñera, un partido de centro derecha fundado por partidarios de Pinochet para promover la propiedad privada y la libre empresa, emitió un comunicado instando al gobierno a “gastar lo que sea necesario “para financiar la atención médica y los préstamos estudiantiles al tiempo, y aumentar las pensiones y el salario mínimo.
“El dogma del libre mercado no puede seguir obstaculizando una sociedad más justa, y el crecimiento económico y la creación de empleo deben ir de la mano con la política social”, dijo. Hace un mes, tal declaración habría sido casi impensable.