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A mediados de octubre, la bancada de Alianza para el Progreso presentó al Congreso un proyecto de ley el cual le permitiría a la Sunat ponerse en la posición de sus deudores tributarios en los procedimientos concursales donde este último haya sido reconocido como un acreedor, expandiendo sus capacidades de cobranza.
Ahora el MEF se pronunció acerca de dicho proyecto de ley y señaló que contenía 6 observaciones puntuales, una de las cuales era su inconstitucionalidad, al crear un trato diferenciado discriminatorio contra los principales contribuyentes tributarios (Pricos).
El proyecto de ley señala que los Pricos no podrían suspender la subrogación (ponerse en la posición del deudor para cobrar sus deudas) realizada por la Sunat aún si fraccionan su deuda, un beneficio que sí se le otorga a los demás contribuyentes.
En ese sentido, María Suarez, de la dirección de renta y patrimonio del MEF, le indicó al Congreso que la discriminación realizada no tiene causa “objetiva ni razonable” y que, tendría “niveles de inconstitucionalidad”, ya que vulneraría el derecho a la igualdad.
Cobros a terceros
La norma además permitiría a la Sunat cobrar deudas tributarias de terceros vinculados a la empresa deudora.
El MEF señaló que el tercero era una entidad distinta a la empresa deudora y que este cobro no sería correcto. “El pago de la obligación tributaria debe ser realizado por aquel que califica como contribuyente o responsable”, indicaron, “no en base a criterios de vinculación”.
Mayores costos
Por otro lado, María Suarez le indicó a la Comisión de Economía del Congreso que el proyecto generaría “mayores costos administrativos para la Sunat”.
“Crearía más obligaciones para la Sunat que esta no debería asumir”, indicó Suarez, agregando que “la subrogración propuesta implicaría un alto costo administrativo en horas hombre puesto que la Sunat tendría que asignar personal especializado en recuperación de la deuda a labores del acreedor dentro de procedimientos concursales”.
En ese sentido, Suarez señaló que el proyecto de ley le daría a la Sunat el derecho de voz y voto de su deudor las juntas de acreedores, y que esto podría hacer que la Sunat sea el acreedor mayoritario en varios concursos, algo que no es necesariamente lo que se busca en los procesos concursales.