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MEF prorrogará el Decreto de Urgencia 003 por treinta días

El Congreso no cedió e impulso un debate por 7 horas, tras lo cual hubo consenso en 4 cambios inmediatos al Proyecto de Ley. congresistas aportaron 40 observaciones.

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Finalmente la sesión extraordinaria de las comisiones de economía y justicia, de más de siete horas, terminó acordando no aprobar el PL N° 2408 que, según el MEF, asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía.

Sin embargo, tampoco se desestimó esta iniciativa ya que las comisiones acordaron exhortar al gobierno una prórroga del Decreto de Urgencia (DU) 003, terminando la sesión a las 6:20 p.m.

Por esa razón, la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, resaltó que como parte de un trabajo conjunto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo “acordaron continuar el debate, y para ello prorrogarán el DU 003 por 30 días más”. En todo momento Cooper enfatizó la necesidad de una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo en este tema.

Más temprano, durante el debate, el Ministro de Justicia Enrique Mendoza, ya había adelantado que era posible la prórroga del DU 003, para que el Estado impida la disposición de los bienes y activos de las empresas involucradas en actos de corrupción cautelando una futura reparación civil. Ya esta listo, remarcó.

Sin embargo, esta opción de prorrogar el DU 003 -que vence el 13 de febrero de este año-, mantiene en incertidumbre la situación de las empresas del sector construcción, involucradas en denuncias por corrupción.

Además se mantiene en vilo a más de 50 mil trabajadores y por ahora el sistema financiero continuará cauteloso y aún no daría financiamiento hasta que se apruebe una ley.

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Debate
Cooper explicó, en el Congreso, que la iniciativa busca consolidar el crecimiento económico y evitar el quiebre de las empresas que trabajan en el sector construcción, y no significa de ningún modo la protección de empresas corruptas.

Para tal fin, dijo, se implementa la figura del fideicomiso para las empresas condenadas o que han confesado actos de corrupción. Con el fideicomiso se obtiene una retención del 50% del precio de venta neto, que es lo que más se aproxima a la utilidad, asegurando el pago a los proveedores, trabajadores y otras deudas, dijo.

Agregó que el precio de venta es básicamente el valor de la empresa menos las deudas que están asignadas al proyecto involucrado.
También, añadió, se carga con los pagos que efectúa el Estado por obra pública, incluyendo los cofinanciamientos por Asociaciones Público Privadas (APP), en las cuales se establece una retención del 10%.

El fideicomiso estará en el Banco de la Nación, entidad independiente sin conflicto de interés con las empresas involucradas.

Aseguró que el procurador público propone el pago de la reparación civil, pero es el juez lo determina, y esto es algo que se mantiene en el proyecto de ley respecto al Decreto de Urgencia 003.

De otro lado, indicó que las empresas condenadas o que tienen deuda tributaria, se cobrará contra el fideicomiso, para evitar que la Sunat embargue proyectos y los haga inviables.

Aportes
Por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, enfatizó que durante la sustentación de la ministra de Economía, su bancada realizó más de cuarenta aportes, así como brindaron el “quorum” respectivo.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando en el PL para asegurar el lado económico y para que empresas corruptas sean sancionadas”, resaltó.

En tanto, el congresista, Miguel Torres, dijo que se ha colaborado de manera constructiva, y los ministros de Economía y de Justicia mostraron predisposición de solucionar aspectos.

Asimismo, resaltó en la necesidad de contar con información oficial sobre el Estado de las obras paralizadas o en Ejecución durante la vigencia del DU 003.

Cuatro cambios
Durante el debate, se realizaron precisiones a la iniciativa del Ejecutivo que fueron incorporados a la propuesta.

El primer cambio es que se incluya la anotación preventiva en registros públicos de los activos y bienes de las empresas para garantizar la seguridad de las transacciones.

También que en la contratación los consultores para la evaluación de los activos y el patrimonio de las empresas involucradas se verifique la existencia o no de conflictos de intereses.

Un tercer cambio, sugerido, es la obligación de entregar información y acceso irrestricto a las instalaciones, a fin de precisar que dichos actos son previa autorización judicial.

Y finalmente se plantea, la eliminación del silencio administrativo positivo en los procedimientos de autorización de transferencias al exterior. Es decir, que, ante la falta de respuesta del Estado para una transacción en 20 días, se presuma una aprobación automática.

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