Las dificultades que afrontan las empresas constructoras del Perú para recibir financiamiento debido a la desconfianza del sistema financiero, las acusaciones del y las restricciones del Decreto de Urgencia N° 003, también preocupan a la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper.

"Ese es uno de los temas que está en una de las prioridades del sector Economía, es un tema muy complicado porque estamos hablando de un tema sistémico y no de solamente una o dos empresas constructoras", comentó.

Indicó que existen S/ 30,000 millones en proyectos de inversión pública que están pendientes de adjudicar, vía APP y obras públicas, que podrían verse paralizados por este tema.

"Eso sin contar los nuevos proyectos que tendríamos que sacar este año", dijo en RPP Noticias.

Mencionó que el Decreto de Urgencia N° 003 está próximo a vencer y por eso se está trabajando otro decreto de urgencia que permitirá "generar un equilibrio muy importante".

"Ese equilibrio tiene que ser que tenemos que darle viabilidad a las empresas (constructoras). Solamente las nueve más grandes emplean 53,000 trabajadores, esos trabajadores tienen más de S/ 1,000 millones de deudas bancarias con lo cual se verían complicadas", advirtió.

Añadió que existen casi 79 proveedores ligados a estas empresas constructoras que tienen deudas por S/ 3,500 millones.

"Estamos hablando de un problema que sí va a mover la aguja a nivel macroeconómico", puntualizó en RPP Noticias.

Cooper indicó que la norma que prepara el (MEF) busca combinar la necesidad de no parar la inversión pública con la de no dejar de sancionar a las constructoras involucradas en casos de corrupción.

"Eso es claramente lo que tenemos que mirar, ese equilibrio es el que tenemos que atacar, a la hora de tratar de sacar una normativa que cree un nuevo sistema alternativo al Decreto de Urgencia N° 003", adelantó.

Mencionó que esta norma se publicaría en los próximos días de la presente semana.

"Tenemos que trabajar muy claramente es equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas también tengan una reparación civil, tenemos que asegurarla pero tenemos que hacer viables a las empresas", argumentó.

La ministra enfatizó que esta normativa también deberá ser creíble por parte del sistema financiero, que ahora tiene temor de seguir prestando y otorgando cartas fianzas a las empresas constructoras.

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