Un campamento en una mina de oro informal se ve durante una operación militar para destruir maquinaria ilegal en Madre de Dios. (Foto: Reuters)
Un campamento en una mina de oro informal se ve durante una operación militar para destruir maquinaria ilegal en Madre de Dios. (Foto: Reuters)

Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que busca que los bienes muebles e inmuebles incautados a la puedan ser destinados a los gobiernos regionales para el desarrollo productivo de la región, construcción de infraestructura pública y otras actividades relacionadas.

La iniciativa legislativa del congresista Modesto Figueroa, que modificaría el artículo N° 7 del decreto legislativo N° 1100, señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brindarán el apoyo logístico a los gobiernos regionales para la extracción y posterior entrega de los bienes que se incauten en las acciones de interdicción de minería ilegal. 

El representante del Ministerio Público y el responsable de las Fuerzas Armadas o Policía participantes deberán coordinar con la autoridad regional para establecer el protocolo de la entrega de dichos bienes.

Así, los bienes incautados serán destinados en obras de desarrollo productivo, infraestructura pública y demás actividades en beneficio de la población, respetando las normas ambientales.

"Existiendo una carretera en trocha no culminada que comunica Huepetuhe y Puerto Maldonado, hubiera sido necesario que la maquinaria incautada a la minería ilegal en vez de ser destruida pueda ser entregada para ser utilizada en la culminación de esta importante obra", menciona la propuesta.

CAMBIO EN LA LEY QUE REGULA LA INTERDICCIÓN

En setiembre del 2018, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1451, con el que modificó la Ley Nº 30823, que regula la interdicción de la minería ilegal. Así, el Ministerio de Energía y Minas informó que la interdicción contra la minería ilegal no solo se centrará en la destrucción de bienes o insumos utilizados por la minería ilegal, sino que identificará, procesará y sancionará a las personas que financien y organicen estas acciones criminales.