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Con 106 votos y exonerada de la segunda votación, el parlamento aprobó la propuesta legislativa remitida en julio del 2017 por el expresidente y el expremier, , de fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo, que en la práctica permitirá a la S (Sunafil) realizar inspecciones laborales en las empresas ubicadas en las regiones.

Esta labor, cabe recordar, esta en manos de los gobiernos regionales y locales. Tras la aprobación del Congreso, la propuesta deberá ser promulgada u observada por el presidente, Martín Vizcarra. ¿Qué se plantea?

Que se transfiera a la las competencias en materia de inspección de trabajo que estaban a cargo de los gobiernos regionales. Esta transferencia - según se lee en el dictamen - comprende al personal que realiza funciones inspectivas, la partida presupuestal que corresponde a dicho personal, así como el acervo documentario referido a las órdenes de inspección, actas de infracción y procedimientos administrativos sancionadores en trámites.

La transferencia, una vez promulgada la norma, se hará de manera progresiva en aquellas regiones cuyas jurisdicción se han implementado una Intendencia Regional de la , pero en los casos en que la región no cuente con una Intendencia Regional la transferencia se efectuará también de manera progresiva hasta el 2019.

Será el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), previo informe favorable de la quien establezca la fecha de inicio de las transferencias en cada región. Mientras no se produzca esta transferencias, los gobiernos regionales mantienen su competencias en materia de inspección de trabajo.

Esta propuesta surgió ante el número insuficiente de inspectores laborales a nivel nacional: por ejemplo, octubre de 2016, se contaban con 463 inspectores laborales, de los cuales 248 se encontraban prestando servicio en Lima Metropolitana y 215 en otras regiones.

A lo que se agrega que de las 25 regiones: 21 gobiernos regionales tienen entre 5 o menos inspectores laborales contratados por la misma autoridad regional, existiendo incluso regiones que no cuentan con inspector alguna a la fecha como es el caso de Apurímac, Huancavelica, Amazonas y Pasco.  La transferencia de personal que se plantea implicará un costo ascendente a S/ 8'523,919 aproximadamente.