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La segunda ola del Coronavirus está azotando al Perú, con distintas variantes ya habiendo ingresado al país.
En los últimos meses, médicos como Anthony Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases de los EE.UU., indicó que para que un país pueda llegar a una “inmunidad colectiva” con relación al Coronavirus, la cantidad de personas que deben vacunarse contra este virus se encuentra entre el 70% y 90% de la totalidad de un país.
La inmunidad colectiva es el estado de hechos donde se puede proteger a la población nacional contra un determinado virus si se alcanza un determinado umbral de vacunación en las personas.
Sin embargo, en la actualidad, un grupo considerable de personas (48% de la población) rechaza el uso de la vacuna contra el Covid-19, sea por razones religiosas, temor acerca de sus efectos secundarios o dudas acerca de su eficacia, dado que muchas de las que ya se encuentran aplicándose en el mundo reportan tener eficacias menores al 80%.
Frente a este hecho, varios empleadores empiezan a contemplar la opción de obligar a sus trabajadores a contar con la vacuna contra el Covid-19 para poder realizar trabajados presenciales en la empresa.
En la actualidad, los abogados laboralistas tienen varias propuestas al respecto, lo cual ha llevado a discrepancias en el sector .
A Favor
Germán Lora, socio del estudio Damma, indica que las empresas que realicen actividades de atención al público, como cines, clínicas, casinos y restaurantes sí pueden obligar a todos sus trabajadores a contar con la vacuna contra el Covid-19 para trabajar de manera presencial.
Lora señala que crear esta obligación eliminaría potenciales riesgos a los demás trabajadores así como a clientes, protegiendo la salud de su personal y a la vez protegería a la empresa de posibles denuncias por contagios sufridos en el centro de trabajo.
“También podría imponerse una lista de trabajadores que tendrán contacto constante con otros ,o con clientes , y dictar que sólo ellos deban vacunarse”, señala Lora,.
“Esto no se haría con el ánimo de botar a trabajadores, sino como una medida necesaria para evitar la puesta en peligro de un grupo considerable de personas”, agrega.
El abogado indica que inclusive se podría modificar la política de la empresa y exigir la vacunación como requisito indispensable para la contratación de nuevo personal y para prestar el servicio que realice la empresa de manera activa.
“En caso el trabajador no quiera cumplir con esta medida, podría llegar a imponerse sanciones disciplinarias”, comenta, agregando que “Se le puede dar 30 días para que se vacune y si no lo hace, inclusive se podría despedir a un trabajador por esto”.
En Contra
Sin embargo, Cesar Puntriano, socio del estudio Muñiz, comenta que incluso cuando la vacuna ya sea de acceso universal para los trabajadores, imponer la vacunación obligatoria puede traer consigo problemas frente a los trabajadores, incluyendo denuncias por discriminación.
Puntriano indica que mientras una norma no plantee la exigibilidad de la vacuna, que una empresa exija esta condición a sus trabajadores puede ser visto como un atentado contra la intimidad de estos últimos, más aún si su religión les prohíbe vacunarse.
“Sería mejor reubicar a los trabajadores que no quieren vacunarse para que no estén en contacto con el público”, señala Puntriano, quien considera que obligar a los trabajadores a someterse a una vacuna atentaría contra sus derechos.
OMS
Asimismo Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala que la Organización Mundial de la Salud ya señaló que la vacunación debe ser voluntaria y que existen varios motivos auténticos por los cuales un trabajador se puede negarse a ser vacunado.
“Hoy en día no es exigible a los trabajadores contar con vacunas contra el tétano u otras enfermedades que pueden ser evitadas mediante vacunas”, señala Toyama.
En ese sentido, considera que exigir a los trabajadores contar con la vacuna podría resultar en denuncias ante la Sunafil, las cuales considera serían amparadas por el Estado, resultando en sanciones contra la empresa.
Sunafil reactiva procedimientos antiguos
La Sunafil actualmente está reiniciando los procedimientos de inspección laboral y cobranza de años pasados, indica Germán Lora, socio del estudio Damma.
De acuerdo con Lora, la Sunafil busca evitar que los procedimientos que datan de 2017 prescriban debido a la inactividad de la autoridad.
En ese sentido, advierte que muchas empresas pueden encontrarse sujetas a multas en las próximas fechas, exponiendo a dichas compañías a situaciones de quiebra.
Lora señala que, a diferencia de otras entidades como la Sunat, la Sunafil no está ofreciendo facilidades de pago, como la opción para fraccionar la deuda .
En ese sentido, recomienda que Sunafil debe emitir una disposición que otorgue más facilidades de pago a las empresas o estas podrían quebrar y, en muchos casos, no podria cobrar la deuda existente.