Reducir la informalidad laboral es una tarea pendiente en el Perú. (Foto: GEC)
Reducir la informalidad laboral es una tarea pendiente en el Perú. (Foto: GEC)

La pandemia del COVID-19 trajo diversas consecuencias negativas a la economía peruana y sobre todo al empleo. En su último informe, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que más de 14 millones de peruanos culminaron el 2020 con trabajo. Sin embargo, la informalidad laboral alcanzó a más de 7 millones de peruanos durante el año pasado.

El actual contexto provocó que el empleo formal se contraiga y dificulte a muchas personas obtener los diversos beneficios de la formalidad. Por ese motivo, es importante que el Ejecutivo implemente mecanismos para promover y fortalecer el trabajo formal.

Jaime Cuzquén, Socio de Laboral de KPMG en Perú, señala que uno de los aspectos importantes para combatir la informalidad es que esta tiene su origen no solo en la legislación laboral, sino en el costo de la formalidad. “La sobrerregulación y rigidez laboral desalientan a la formalidad, también el aspecto tributario, administrativo y regulatorio se constituyen en barreras adicionales para el informal”, sostuvo.

Añade que entre las medidas urgentes que debe aplicar el próximo gobierno están el tratamiento diferenciado de la micro y pequeña empresa en materia de tributos “que gravan a la remuneración” y establecer tasas progresivas, para la contribución de Essalud y los aportes de los trabajadores al sistema de pensiones. “De esta forma se alcanzará una progresiva formalidad especialmente en seguridad social”, comentó.

Asimismo, propone alinear al Congreso de la República la priorización del empleo formal y, por tanto, evitar iniciativas de mayor regulación hacia el sector de la micro y pequeña empresa. También promover en el Consejo Nacional del Trabajo una mayor participación de las mypes para que toda la legislación laboral que le aplique sea sometida al consenso de ese foro.

“El convencimiento para ser formal tiene que sostenerse en las ventajas que ello implica. Sobre todo, las relacionadas al acceso al crédito y a la seguridad jurídica. El Estado no genera una sensación de ‘hacer su tarea’ pues no se aprecia su rol al brindar servicios básicos como salud, seguridad y educación. En ese sentido, dar cobertura en esos aspectos es una forma de incentivar a ser formal”, indicó Cuzquén.

Del mismo modo, sostiene que el Ministerio de Trabajo debe ser el vehículo que proponga la implementación de incentivos en esos aspectos para promover la formalidad. “La legislación solo puede dar pautas, pero el incentivo tiene que ver con la política de Estado y eso es tarea de todo el Poder Ejecutivo”, expuso.

Propuestas de candidatos

Por otro lado, consideró que, si bien planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República coinciden de alguna u otra manera, en que la informalidad laboral es un problema real, los planes solo ofrecen buenas intenciones.

“Salvo excepciones, no existen propuestas específicas. Se repite el diagnóstico que ya se conoce y se plantean metas de reducción de las tasas de informalidad, pero no se aprecian medidas concretas. Tampoco se desarrollan aspectos relacionados a la nueva realidad laboral del trabajo remoto y como este nos obliga a redefinir algunos aspectos de la regulación laboral que generen un incentivo a la contratación formal sin afectar derechos fundamentales”, explica.

Del mismo modo, comenta que ninguno de los planes de gobierno trata de manera directa a la rigidez laboral como problema. “Siendo un tema muy sensible y poco popular no se plantea una solución al respecto. En varios planes de gobierno sí existen planteamientos de fortalecimiento” de la Sunafil. Ese ha sido un tema constante de los planes de gobierno no solo de este proceso electoral, sino también de los pasados”, concluye.