Durante el debate, se indicó que en Colombia y Argentina existen normas similares que promueven la contratación a víctimas de violencia familiar.
Durante el debate, se indicó que en Colombia y Argentina existen normas similares que promueven la contratación a víctimas de violencia familiar.

Cada 25 de noviembre se celera el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este marco, el pleno del Congreso aprobó el jueves en la noche, por unanimidad, el Proyecto de Ley N°1368, que busca promover la contratación laboral de en el sector privado.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán Narro, indicó que la iniciativa legislativa, aprobada por 105 votos a favor, plantea que toda empresa que emplee a una víctima, de cualquier tipo de violencia familiar, acceda a una deducción adicional sobre las remuneraciones y beneficios económicos que se le paguen a la trabajadora.

Cabe precisar que dicho monto que será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Durante el debate, se indicó que en Colombia y Argentina existen normas similares que promueven la contratación a víctimas de violencia familiar.

Bazán Narro explicó que es necesario que la víctima de violencia continúe con la denuncia ante el Ministerio Público o el proceso correspondiente en el juzgado de familia, hasta obtener una sentencia consentida o ejecutoriada, para mantener este beneficio.

De igual manera, el secretario de la Comisión de la Mujer y Familia, Jorge Marticorena, indicó que el texto sustitutorio presentado, contiene cinco artículos y una disposición complementaria, la cual estipula que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de sesenta días calendario, contados a partir de su vigencia.

A su turno, la parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez comentó que las mujeres violentadas son un grupo vulnerable, ya que en muchas ocasiones están impedidas de acceder a un puesto laboral. La congresista Karol Paredes resaltó la importancia de la norma e instó al Poder Ejecutivo que realice su pronta reglamentación.

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La congresista Rosangella Barbarán expresó que esta medida tiene como objetivo brindarle independencia económica a la víctima de violencia, quien en ocasiones continúa con su agresor por el chantaje económico que sufre.