No castigue a trabajadores por jubilarse después

La última década ha visto a la mayoría de los países del mundo rico elevar la edad de jubilación a fin de mejorar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones en un momento en que las personas viven vidas más largas y saludables. La política se está moviendo en la dirección correcta, pero tiene un defecto clave: las políticas actuales son demasiado rígidas.

La jubilación no debería ser un sistema único para todos, en el que se castiga a quienes trabajan más tiempo o se jubilan antes. Siempre que lo hagan bien, los gobiernos y los ciudadanos tienen mucho que ganar con un sistema de pensiones más flexible que el que existe actualmente en la mayoría de los países.

Según un estudio publicado la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la edad promedio de jubilación para los hombres en todos los estados miembro de la entidad aumentará de los actuales 64.3 años a 65.8 años.

Esto sigue a un aumento gradual en el pasado reciente: en la última década y media, la edad promedio a la que los trabajadores abandonaron el mercado laboral aumentó en dos años. Dicho esto, hay muchísima variación, desde los hombres coreanos que dejan el mercado laboral, en promedio, a los 72 años hasta los hombres franceses, que se jubilan a los 60 años.

Hay dos razones por las cuales los gobiernos de las economías avanzadas están obligando a los trabajadores a jubilarse más tarde. La primera es el aumento general en la esperanza de vida: en promedio, un hombre de 65 años ahora puede esperar vivir cinco años más que hace cuatro décadas. La segunda es corregir el error que cometieron la mayoría de los gobiernos en los años setenta y ochenta al introducir planes de jubilación anticipada en un intento por atraer a más jóvenes al empleo.

Como resultado, la edad promedio de salida del mercado laboral hoy en día es aún menor que hace cuatro décadas, cuando la gente podía esperar vivir mucho menos.

Esta combinación hizo insostenibles los sistemas de pensiones en todo el mundo rico, lo que obligó a los gobiernos a cerrar las vías de jubilación anticipada y elevar la edad para pensionarse. Sin embargo, el problema con el nuevo enfoque es que a menudo no da a los trabajadores una flexibilidad adecuada respecto de sus opciones de jubilación.

La OCDE concluye que la flexibilidad para jubilarse del todo antes de la edad legal de jubilación está fuertemente restringida en más de la mitad de los estados miembro. En países como Francia, España e Israel, los trabajadores incluso enfrentan sanciones financieras si quieren continuar trabajando después de jubilarse.

En Francia, por ejemplo, un pensionado que trabaja sigue pagando contribuciones, pero no gana ningún derecho de pensión adicional. En Europa, solo cerca del 10 por ciento de los trabajadores entre 60 y 64 años o entre 65 y 69 años combinan trabajo y pensiones, según el estudio, muy por debajo del promedio de la OCDE, donde aproximadamente la mitad de los trabajadores mayores de 65 años realizan trabajo de jornada parcial.

Como destaca el estudio de la OCDE, dar a las personas la libertad de jubilarse cuando lo deseen beneficiaría tanto a las personas como al estado. El gobierno puede beneficiarse claramente de permitir que las personas trabajen durante el tiempo que quieran, ya que esto significa mayores impuestos y producción económica.

Muchas personas desean la satisfacción de ser parte de un ambiente de trabajo o los ingresos adicionales bien pasada la edad de jubilación habitual. Aquellos que estén dispuestos a seguir trabajando deberían poder hacerlo, mientras que aquellos que quieran jubilarse antes deberían poder hacerlo, siempre que hayan ahorrado suficiente dinero.

Hay varios desafíos que enfrentan los políticos que quieren dejar que las personas se jubilen antes. Dar a las personas más libertad sobre cuándo dejar de trabajar significa arriesgarse a que no ganen lo suficiente para financiar una larga jubilación y terminen cayendo en la red de seguridad del estado.

Para evitar esto, debería haber un nivel mínimo de contribuciones a la pensión antes de que una persona pueda jubilarse. De igual forma que los planes de pensiones del sector privado castigan el retiro anticipado, los planes del sector público podrían hacer lo mismo como una forma de fomentar que los trabajadores reflexionen bien antes de recurrir a los ahorros.

Eso puede significar que se supere la resistencia sindical; los sindicatos tienden a querer reducir la edad efectiva de la pensión, pero se oponen a las sanciones para los trabajadores que deciden retirarse antes.

Un buen ejemplo es Italia: el gobierno italiano ha inyectado recientemente cierta flexibilidad al sistema de pensiones, permitiendo a todos los trabajadores jubilarse hasta tres años y siete meses antes a cambio de una pensión más baja.

Sin embargo, los sindicatos han sido críticos de este esquema. En su lugar, han favorecido un plan alternativo, abierto a los trabajadores de lo que se considera empleo laborioso, quienes pueden jubilarse antes sin ningún castigo financiero.

Poner a los sistemas de pensiones en buen pie -una necesidad para la estabilidad financiera y para preservar la equidad intergeneracional- no tiene que significar perpetuar estructuras rígidas o viejas normas sobre cuándo debe comenzar la jubilación. Una mayor flexibilidad puede tener enormes beneficios sociales y económicos, también. Es difícil argumentar en contra de la idea de otorgar a las personas más control sobre sus vidas.