(Foto: GEC)
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La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) advirtió -en un comunicado- que la postergación del inicio de esta actividad económica formal contribuye a que la informalidad se incremente de manera exponencial sobre todo en la oferta de calzado, ropa y artículos del hogar, que ocupan los espacios públicos, “socavando los esfuerzos que viene haciendo el gobierno para contener esta pandemia”.

Ante lo cual pidió al Gobierno que sea considerada a la brevedad el reinicio de operaciones de los Centros Comerciales que cumplan con los protocolos establecidos por el gobierno, con las actividades controlables y sin aglomeraciones, “pues ya viene cumpliendo con todos los estándares sanitarios requeridos”.

Nuestro gremio ha puesto a disposición de los ciudadanos las actividades esenciales desarrolladas en sus locales (supermercados, farmacias, bancos y ópticas), implementando en tiempo récord los más altos y rigurosos protocolos de seguridad para cuidar la salud de la población”.

Anotó que durante el estado de emergencia se ha comprobado que estas medidas han sido eficaces en controlar el contagio con COVID 19.

Pese a ello -dice- los centros comerciales siguen cerrados a pesar de que el 7 de abril se presentó ante el Ejecutivo los protocolos complementarios para su evaluación, dentro de los cuales, contempla el aforo al 50%.

No estar considerados en la fase 1 y 2 genera un perjuicio muy grande para el sector minorista y pone en peligro la continuidad de la cadena de pagos y la supervivencia de marcas nacionales de muchos emprendedores”, arguyó.

Ello al ser el principal canal de distribución a nivel nacional de los bienes y servicios que producen las miles de pequeñas y medianas empresas, motores de la economía nacional.

Son nuestros aliados naturales. Las Pymes ya han sido autorizadas a operar, pero los centros comerciales, donde sus ventas se realizan, aún no”, acotó.

La ACCEP está constituida por más de 80 centros comerciales, que albergan cerca de 9,000 comercios formales que generan ingresos para 180,000 familias de manera directa y 500,000 en forma indirecta en todo el Perú representando alrededor del 3% del PBI y generando más de S/ 5,900 millones al año en IGV, que están dejando de recaudarse y que podrían servir, entre otras cosas, para reforzar el enorme esfuerzo que el Estado está haciendo en la potenciación del sistema sanitario.



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