Redacción Gestión

redaccion@gestion.pe

MERCEDES DORIS ORÉ RODRÍGUEZmore@diariogestion.com.pe

¿Desde el punto de vista de la Asociación de AFP qué aspectos positivos y negativos trae la norma que ?Trae aspectos positivos como, por ejemplo, adoptar medidas para ampliar el número de afiliados al sistema a través de la incorporación obligatoria de los trabajadores independientes menores de 40 años y los que laboran en pequeña y micro empresa.

Pero hubiese sido importante que se permita incorporar a aquellos que están en el sistema de pensiones público y que probablemente no van a recibir una pensión de jubilación por no cumplir con aportar los 20 años de cotización requeridos. Si se trasladasen a podrían recuperar lo aportado y tener una pensión.

¿Están opuestos al tratamiento solidario de las pensiones?No nos oponemos a una pensión 65 que creemos que es solidaria y probablemente se pueda diseñar un pilar solidario a nivel del sistema público. Lo que es necesario es que el Gobierno haga transparente el costo de sostener a la ONP y cuál es la probabilidad de que el afiliado llegue a recibir un beneficio de ese sistema.

¿Qué más ve aceptable?Un segundo aspecto positivo es que hay una ampliación de las oportunidades de inversión con la inclusión de los instrumentos alternativos que abren un nuevo abanico de posibilidades para las AFP. Empero habrá que revisar todo el proceso de regulación que tendrán estos.

Un tercer punto a favor es que en el proceso de cobranza de deudas previsionales por retenciones indebidas de los empleadores se están facilitando al juntar los juicios por empresa privada deudora y por afiliado. Eso implicará una reducción de los 300,000 juicios existentes por dicha causa, pero aún falta que también se proceda en el mismo sentido con las cobranzas que corresponden a empresas públicas que adeudan unos S/. 7,000 millones.

¿Medidas para reducir costos de las AFP como la centralización de procesos administrativos darán como resultado la baja de comisiones?Las AFP más bien propusimos directamente sin hacerlo público -y nunca recibimos una respuesta-medidas como ampliar AFPNet, que es el sistema de cobranzas centralizado para volverlo universal y que los promotores de productos previsionales también vendan productos asociados como seguros ocupacionales, por ejemplo.

Esto no se tomó en cuenta y más bien se incluyó la licitación y la centralización…La verdad es que nos sorprendió mucho, porque normalmente no se propone una ley que va a ser cuestionada constitucionalmente. Nosotros propusimos levantar eso, de una forma constructiva. Bueno ahora se encuentra que hay varias dificultades: desde la intangibilidad de los fondos hasta afectar la libertad de elegir, de contratar, de libre empresa, la creación de un monopolio. Todos esos cuestionamientos constitucionales que cualquiera puede impugnar.

¿Entonces se ?El congresista Luis Galarreta ha anunciado que 25 congresistas van hacerlo. Entiendo que la Asociación de Afiliados y el Sindicato de Promotores de una AFP también lo está considerando, porque con el nuevo proceso de licitación se daría el monopolio a una AFP y ellos perderían su trabajo porque ya no se necesitaría vendedores.

Además las AFP también se sienten afectadas porque se estaría interfiriendo en el manejo de sus empresas aún cuando el Tribunal Constitucional establece que los empresarios estructuran su compañía como quieran.

Las AFP nunca hemos querido retrasar la reforma, creemos que es muy importante que se haga, pero tomando en cuenta nuestras propuestas las comisiones podrían bajar más rápido.

¿Cuánto más rápido?No lo sé porque cada AFP tiene una estructura de costos distinta por lo que van a reaccionar a las nuevas medidas de forma diferente. La verdad es que con dicha norma bajarán, pero las AFP no estamos de acuerdo con la comisión mixta, ni la licitación ni la centralización obligatoria.

Son tres puntos que hemos levantado sistemáticamente y hemos demostrado no solamente cuestionamientos de carácter constitucional legal, sino económico y técnico.

De acuerdo a la nueva norma, la primera licitación sería antes del 31 de diciembre del 2012…Eso es lo que dice la norma, pero primero tenemos que verla promulgada. Todavía estamos a tiempo de seguir discutiendo.

¿Las AFP también presentarán alguna demanda de inconstitucionalidad?Primero esperamos ver queley sale. Se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y falta una segunda votación y la promulgación. No ha sido exonerada de esa segunda votación que podría darse en la Comisión Permanente del Congreso que está sesionando.

La nueva norma establece que si la AFP no alcanza a dar la rentabilidad mínima calculada, tendrá que compensar al fondo de los afiliados. ¿Qué opina al respecto?Eso afecta mucho, influye en lo que se denomina el comportamiento "manada". Por ejemplo, si una AFP reporta una rentabilidad menor en dos puntos porcentuales al nivel promedio del sistema tendrá que pagar una multa con el propio dinero de la AFP (encaje). Eso incidirá en que siga, emule y trate de invertir en lo mismo que la otra AFP y eso no es oligopolio, sino busca evitar que le caiga una multa por comportarse diferente.

En esta situación, ¿tal vez algún propietario de AFP tiraría la toalla y saldría?Hay peligro para la industria y el afiliado. Si no nos hacen caso vamos a tener que vivir con las consecuencias.

EN CORTOTomará tiempo. El millón trescientos mil de trabajadores de mypes e independientes que acogerían las AFP con la nueva norma aprobada en el Congreso sería gradual y tomará tiempo.

"Para citar un ejemplo, en el 2008 se hizo un programa de captación de trabajadores de mypes. Se afiliaron 125 mil empresas con 250 mil trabajadores, pero el Gobierno no cumplió con la parte del incentivo que les correspondía y todo se cayó. Entonces hay que hacerlo bien", apuntó Luis Valdivieso.

OTROSÍ DIGOInversión afuera hasta el 50%"Los ahorros de los afiliados crecen en torno a los US$ 1,000 millones anuales, dependiendo de la rentabilidad, y no se crean las alternativas suficientes que absorban eso". Luis Valdivieso insistió en la necesidad de ampliar temporalmente el límite operativo de las inversiones en el exterior de 30% a 50%, tomando en cuenta que el límite legal ya está en 50%. Este ajuste depende del BCR.