"Si las empresas no realizan el gasto social, se producen paralizaciones, huelgas, tomas de fábricas y otros movimientos que pueden causar el colapso de las empresas", destaca antes que nada Miguel Mur, líder del área tributaria de PwC.
Sin embargo, el abogado asegura que la administración tributaria no incluye en las deducciones fiscales a estos egresos, pues los considera gastos de imagen, cuando en muchos casos son vitales para la sostenibilidad del negocio y reducen las posibilidades de conflictos sociales.
Mur indica, además, que, al igual que los gastos sociales, los desembolsos por reparación también sufren trabas. La Sunat establece que los gastos de reparación solo pueden deducirse cuando se realizan. Es decir, cuando la explotación ha concluido y los ingresos han cesado.
Promueve conflictosPara Mur, esta "pelea" por la deducción fiscal de los gastos de responsabilidad social desincentiva las acciones voluntarias de las compañías para favorecer a las comunidades más necesitadas.
"Cuando uno acude de manera natural a estos llamados de las poblaciones, surge la duda de si el gasto será reconocido o no. Entonces, la compañía tiene que pagar a los abogados para que vayan a defenderla", comenta.
En este sentido, el abogado tributarista considera que la legislación actual presiona los conflictos sociales, generados en gran parte por un reclamo de mayor RSE, perjudicando la relación entre las empresas y sus grupos de interés.