Un informe de la Contraloría reveló que la concesionaria Rutas de Lima (Odebrecht) dejó de hacer obras por US$ 91 millones gracias a una serie de cambios al contrato de concesión suscrito con la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.
De acuerdo con un informe de “Cuarto Poder”, ocho funcionarios de la gestión edil están siendo investigados actualmente por la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios a raíz de estos hechos.
La denuncia presentada por la Contraloría abarca tanto la gestión de Castañeda como la de Susana Villarán, por el presunto delito de negociación incompatible.
Los cambios al contrato de concesión le permitieron al consorcio -liderado inicialmente por empresas del grupo Odebrecht- obtener millonarias ganancias a lo largo de estos años.
Aumento de tarifa
Según el informe de la Contraloría, en diciembre de 2016, Rutas de lima aumentó la tarifa de todos los peajes de la concesión vías nuevas de lima, sin haber culminado con las obras obligatorias que por contrato tenían que hacer.
Debido a esto, entre enero y mayo de 2017, obtuvo ingresos adicionales por un millón y medio de dólares, 5 millones de soles de ganancia adicional neta al cambio de la época, fuera de la recaudación regular de los peajes.
Si bien fue Susana Villarán la que en enero de 2013 firmó el contrato con Odebrecht para Vías Nuevas de Lima, fue la gestión de Castañeda Lossio la que efectuó cambios drásticos a la naturaleza del contrato.
Modificaciones
A partir del 2015, y a través de actas de acuerdo que han sido sumamente criticadas, la gestión de Castañeda Lossio modificó la naturaleza del contrato inicial.
En agosto de ese año, se firmaron acuerdos para modificar los estudios definitivos de ingeniería de obras como el intercambio vial de Buganvillas, que no se realizó.
Además, se iban a realizar puentes circulares en el intercambio vial Benavides, pero lo único que se realizó fue un túnel en dirección norte a sur.
También se efectuaron otros recortes de obras en la Panamericana Sur, así como en la vía Canta Callao, donde estaba previsto un intercambio vial.
Otras conclusiones
Para diciembre, se autorizó la puesta en marcha de la operación de la autopista Ramiro Prialé así como la modificación del estudio definitivo de ingeniería del intercambio vial del Derby, incluyendo un paso a desnivel en el cruce de las avenidas Derby y Manuel Olguín.
Ello no tenía funcionalidad a criterio de la Contraloría, ya que la avenida Olguín no formaba parte inicial de la concesión, lo que terminó por acarrear más retrasos debido a que Rutas de Lima no contaba con las áreas liberadas para ejecutar estas obras. El monto de inversión por estas obras ascendía a 69 millones de dólares (US$ 69’109,204).
Venta de activos
En junio de 2016, mientras Odebrecht vendía sus acciones en el consorcio a favor del fondo de inversiones Brookfield, la Municipalidad y el consorcio Rutas de Lima firmaron otra acta de acuerdo, en donde se establece el pago escalonado del peaje en toda la operación y la entrada en vigencia del peaje Chillón en sentido sur a norte.
El acuerdo se da en compensación a favor del consorcio, y debido al dinero que se le adeudaba por obras como el puente San Pedro de la gestión de Villarán. Para entonces, el peaje de vehículos livianos pasó de S/4,50 a S/5 y el pesado de S/. 3.50 a S/4.50.
En otra acta de acuerdo de noviembre de 2016, el municipio limeño se compromete con Rutas de Lima a aportar la cuenta de fideicomiso de recaudación ascendente a 20 millones de soles y renunciar al 4% de los ingresos brutos anuales de peaje, algo establecido en el contrato inicial. Además, se amplió la concesión a favor de Rutas de Lima de 30 a 33 años.
La Controlaría sostiene en su informe que el monto total por la suspensión y la modificación de obras alcanzó un total de US$ 91’945,276.65. Mientras que las compensaciones a favor del concesionario y al margen del contrato alcanzaron los US$ 44’371,828.03.
RESPUESTA DE RUTAS DE LIMA
La concesionaria Rutas de Lima señaló a través de un comunicado que ha ejecutado todas las obras que ha podido. Las obras pendientes no se han ejecutado por responsabilidad de la municipalidad de Lima.
Además, asegura que los aumentos de peaje estaban previstos para hacerse efectivos en fechas determinadas, y no por hitos de obra.
Aseguran que estos son consecuencia de ajustes solicitados por el propio concedente (la Municipalidad), y se hicieron respetando el equilibrio económico financiero del contrato de concesión, sin que suponga un beneficio para ellos.
“No tenemos conocimiento de cuál ha sido la metodología utilizada por Contraloría para dar como resultado dichos montos. No hemos sido consultados de ello en ningún momento”, se lee en el comunicado.
Ningún funcionario de la gestión Castañeda quiso declarar para esta nota.
Cabe recordar que esta semana se conoció que la constructora OAS apoyó con cien mil dólares la campaña que devolvió a Luis Castañeda Lossio al sillón municipal en el 2015.
