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La Municipalidad de La Molina anunció en febrero de este año que , en tanto similar iniciativa vienen adoptando los municipios de Magdalena y Barranco. 

Al respecto, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (),Guido Valdivia, precisó a Gestión.pe. que la anulación de licencias de construcción de obras constituye una acción arbitraria pues en el mercado inmobiliario existen regulaciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ().

Según dijo, dicho portafolio tiene una facultad -mediante una ley aprobada en el año 2016- que le permite emitir una opinión vinculante cuando existe una posición discrepante entre una municipalidad y quien presenta un proyecto de vivienda, en este caso, las inmobiliarias. De este modo, consideró que dicha opinión debe tener más peso.

"El ministerio emite una opinión vinculante que la municipalidad está obligada a cumplir. Si una persona va a sacar una licencia y la municipalidad se la rechaza por cualquier motivo, entonces esta persona va al ministerio y le dice si lo que está haciendo la municipalidad es legal. Entonces el ministerio puede tomar esa decisión", precisó Valdivia.

Agregó que si la municipalidad no cumple con lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda, esta cartera tiene la capacidad de demandarlo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual () por la imposición de una barrera burocrática ilegal o irracional.

"El indecopi ha declarado como barrera burocrática una serie de disposiciones municipales que van en contra de la ley pero podría decir que no ha ido sobre los temas centrales. Para eso es primero la mediación del Ministerio (de Vivienda) porque es el que fija las reglas a nivel nacional y por lo tanto es que la puede interpretar de una manera consistente", aseguró.