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El Poder Ejecutivo ingresó al Congreso el Proyecto del Ley 06736/2020-PE, con el que se busca derogar el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria, tras las protestas que se viven en distintas regiones del país ante las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de las agroexportadoras.
La propuesta del Gobierno contempla la derogatoria del numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 27360, relativo al régimen laboral agrario.
Este régimen actualmente contempla que la remuneración diaria de los trabajadores es S/ 39.19 siempre que se cumpla con un mínimo de 4 horas, aunque no se especifica si hay un horario máximo de trabajo.
La ley también establece que la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) está incluida en la remuneración diaria, al igual que las gratificaciones. En lo relativo a vacaciones, el régimen agrario indica que los trabajadores tienen derecho a gozar de 30 días naturales de descanso por cada año de servicio.
¿Qué propone el Gobierno?
El proyecto normativo sugiere la modificación del artículo 7, con el fin de prohibir la tercerización de los servicios, mientras que el pago de los beneficios sociales se encontraría bajo el régimen laboral general.
“Tratándose de sus actividades principales, los empleadores de la actividad agraria (...) están prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, que impliquen una simple cesión de personal, en consecuencia los empleadores de la actividad agraria deben contratar directamente a dicho personal”, indica la propuesta.
También se plantea que los empleadores garanticen condiciones dignas de trabajo, lo que incluye el traslado de los trabajadores hacia sus centros de labores, la alimentación y los lugares destinados a su disfrute.
Brian Ávalos, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, señala que la propuesta del Gobierno impediría a las empresas del sector agroexportador contratar a personal por medio de services, luego de las denuncias de abusos sufridos por los trabajadores.
El abogado sostuvo que el principal problema generado por la contratación de services era que muchas de estas operaban en la informalidad, por lo cual no garantizaban el pago de beneficios a los trabajadores. Para cambiar esta situación, sostuvo, no basta con cambiar las normas, sino que es necesario incrementar la fiscalización laboral.
Por otro lado, indicó que el proyecto del Gobierno plantea que los beneficios como gratificación o CTS se paguen por separado del salario, a diferencia de lo que ocurre actualmente.