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Redacción Gestión

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No existe una 'Ley Coca-Cola'. El abogado Luis Miguel León, representante legal de la , fue enfático al señalar que la elaboración del proyecto de ley 3690 recoge las inquietudes de varias empresas y grupos gremiales sobre la base de cálculo que aplica Serpar para cobrar el aporte obligatorio por habilitación urbana.

Para Serpar este cobro debe hacerse sobre la base del valor comercial del inmueble, mientras que para las empresas debe ser por el valor arancelario tal como lo señala la Ley de habilitaciones urbanas.

Según León, antes del inicio del proceso judicial, Lindley expuso su preocupación por este cobro, básicamente a funcionarios de dos entidades: el Consejo Nacional de Competitividad adscrito al (MEF)y Servicio de Parques de Lima.

También señaló que hay otras tres entidades estatales con quienes conversaron. Estas son Indecopi, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima.

"Cualquier ciudadano o empresa tiene el derecho de plantearle al Estado, a través de sus entidades, estas preocupaciones. Lo que en efecto ocurrió con corporación Lindley es que se trasladó esta inquietud, para empezar, a la misma y al Consejo Nacional de Competitividad (…) Básicamente, con esas dos entidades", dijo a Gestion.pe.

El abogado del estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados precisó que los mecanismos para hablar del tema fueron "conversaciones personales" con funcionarios de estas entidades, además de la entrega de documentos legales.

"Alcanzamos la base legal y el sustento por el cual se reafirma nuestra posición y eso no tiene ningún impedimento legal. Aquí lo que se hizo fue simplemente ejercer un derecho legítimo como empresa de decirle al Estado te estás equivocando. El destino de los documentos uno no lo puede controlar", explicó.

Cuando se le consultó sobre el tema al exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, éste dijo al pleno del Congreso que la redacción de los argumentos del proyecto de ley fue por "un error" cometido por un asesor del Ministerio de Vivienda.

Situación actual Serpar-LindleyLuego de agotar todos los mecanismos de conciliación por la vía administrativa, la empresa interpuso dos demandas ante el Poder Judicial y se espera que el conflicto se resuelva por esa vía.

Si se utiliza el valor comercial de un terreno para calcular el aporte por habilitación urbana, Lindley tendría que pagar poco más de S/. 8 millones. Si se hace el cálculo al valor arancelario la empresa se ahorraría S/. 7.5 millones, al pagar solo S/. 485,000.

DATOS

  • El funcionario que renunció por ser autor del ya escandaloso copy/paste es Jorge Garcés Cárdenas, quien se desempeñaba como asesor en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.
  • El estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados inicia su asesoría a la Corporación Lindley en la quincena de agosto, por lo que las conversaciones con funcionarios del MEF las entablaron abogados del área legal de la misma corporación.

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