La Municipalidad de Lima apunta a ejecutar proyectos de inversión que permitan reducir la brecha de infraestructura en la capital. (GEC)
La Municipalidad de Lima apunta a ejecutar proyectos de inversión que permitan reducir la brecha de infraestructura en la capital. (GEC)

Perú tiene un déficit en infraestructura que representa casi los US$ 150,000 millones. Carreteras, hospitales, puentes. Sin embargo, los escándalos de corrupción del caso Lava Jato han retardado los esfuerzos del sector público y privado por lograr el cierre de la brecha.

Para la consultora internacional KPMG, la lucha anticorrupción que emprende Perú debe seguir su curso para poder reactivar el desarrollo de proyectos de infraestructura. Fernando Faria, Socio de Infraestructura en KPMG Brasil, y  Magdalena Bunikowska, Directora de Advisory en KPMG Perú, señalan que el país ha dado buenas señales al mercado internacional. Además, adelantan que en los próximos años podría haber un impacto positivo de la lucha anticorrupción en el desarrollo de infraestructura, pues aparecerán nuevas empresas internacionales que competirán por invertir en el país.

¿Es posible estimar el impacto económico de la paralización por corrupción de los proyectos de infraestructura?

Fernando Faria: No hay una cifra porque no es fácil mirar los proyectos que están parados bajo una forma. Es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, esta no es la primera vez que está aconteciendo. En toda Latinoamérica todos los países están sufriendo bastante por ese tema. Brasil, Perú, Colombia. No es solo un tema de Latinoamérica. Nuestra visión es, que sí tiene un impacto en el corto plazo. Sí hay un impacto en el corto plazo en la economía, pero tenemos que pasar por eso porque la corrupción consume muchos de los recursos que tienen que ser alocados por la infraestructura y tenemos que aprender con todo esto y garantizar que en el futuro no tengamos este tipo de costo para la población.

Magdalena Bunikowska: Podría dar una cifra de los proyectos que no se desarrollaron, pero esto no es el verdadero costo. El verdadero costo es muchísimo mayor. ¿Cuánto cuesta perder la confianza de la población en los políticos? ¿Cuánto cuesta el hecho de que las empresas grandes o chicas tengan que cerrar? ¿Cuánto cuesta el hecho de que muchos financistas no entraron por temor? El costo directo de la infraestructura parada no refleja el verdadero costo de la corrupción en el país. El costo ha sido muy alto. La necesidad de volver esta confianza en los ‘players’ nacionales e internacionales no es tan fácil, pero tenemos buenas noticias. El mensaje importante es que no hemos perdido del todo la importancia de los ‘players’ internacionales pero no nos puede volver a pasar. Si nos pasa otra vez, la probabilidad de ganar esta confianza nuevamente es bastante baja.

Fernando Faria, Socio de Infraestructura en KPMG Brasil
Fernando Faria, Socio de Infraestructura en KPMG Brasil

FF: Otra parte del costo que demora tiempo en eliminar, es que la decisión pública se torna mucho más difícil. Hoy un servidor público tiene mucho más miedo a tomar decisiones. ¿Es una decisión que tiene sentido, que genera valor por dinero para la población? ¿Es una decisión que puede ser contestada por los órganos de contraloría? No tomo esa decisión. Eso no es fácil de cambiar. Eso es algo que va a demorar tiempo también. En este tema tenemos que garantizar que la Contraloría tiene un papel y debe continuar haciéndolo. No puede suceder duplicar ese papel por múltiples ausencia demorando mucho más tiempo en la aprobación de proyectos que son fundamentales para Perú. Lo positivo es que cambian radicalmente los ‘players’ de infraestructura en el país. Los ‘players’ en la región eran dominados por un conjunto pequeño de players. Era un mercado muy dominado por un pequeño grupo de ‘players’. Había internacionalmente la visión de que era un mercado cerrado para empresas internacionales. Ese era un problema porque necesitamos de competencia para que los ‘players’ se alíen a los resultados que queremos. Eso está cambiando. Está cambiando en Brasil, en Perú y en Colombia. Tenemos un conjunto grande de ‘players’ internacionales participando. Eso es un valor muy importante.

¿Qué cosas se deben reforzar en el país para lograr reactivar los proyectos de infraestructura?

FF: Para hacer eso, hay algunas cosas que se tienen que reforzar en el país. Primero, tener una visión muy clara y de largo plazo de cuáles son las prioridades del gobierno en infraestructura. No puede pasar que hoy es prioridad este proyecto, mañana cambian los ministros y también cambian la prioridad. Tenemos que tener una visión de largo plazo porque el inversor internacional es totalmente indiferente si va a colocar su dinero en Perú, en Chile o en Brasil o en Alemania. Lo que quiere que le garanticen es que hay una agenda con un fuerte apoyo político y público con el compromiso de ejecutar los proyectos a largo plazo. Ahí creo que Perú tiene que mejorar. Hay muchos cambios en la forma de involucrar al sector privado y eso es un tema que si Perú quiere competir por esos fondos internacionales, tiene que mejorar en ese punto. Otro punto que tiene que mejorar, ahí Proinversión sabemos que está haciendo algunos trabajos en esa materia, había una ‘forma peruana’ de estructurar proyectos, que no era la forma internacional de estructurar proyectos. Eso tiene que cambiar también porque si quieres atraer empresas de todo el mundo para los proyectos porque quieres competencia y con eso bajar precios y mejorar valor para la población, tienes que garantizar que los procesos que tienes de planear infraestructura, estructurar infraestructura y contratar infraestructura tenga las mejores prácticas internacionales.

¿La ‘forma peruana’ se refiere a temas de financiamiento?

FF: Me refiero a todo. Las formas de contratos, locación de riesgos en los contratos, la forma de contratar los proyectos. Una cosa muy típica en Latinoamérica, y asociada a los temas de corrupción, es que yo no quiero que mi decisión pública sea recontestada entonces le atribuyo un proyecto de infraestructura complejo solo con base en precio. Nosotros pensamos que hay proyectos que requieren una capacitad técnica que es necesario garantizar. Tenemos que cambiar eso, garantizar que la entidad que consigna entregar los proyectos en plazos definidos dentro de un costo lo más competitivo posible.

MB: Los contratos tienen que ser bancables. No es algo que sale de cualquier forma y que en el camino se ve como se ajusta y cómo consigue financiamiento. Es algo que tiene que estructurarse bien y cuando salga no va a tener ningún problema de cierre financiero. En esto está trabajando Proinversión. No solo es un problema de estandarizar transparencia, sino también mejores prácticas internacionales. Que los contratos sean muy claros para cualquier ‘player’ internacional, que sean similares y que sean muy pegadas a las mejores prácticas internacionales. Eso hace que los ‘players’ ya saben qué esperar del Perú, ya saben cuáles son las prácticas de Perú. Se deben sacar contratos estandarizados siguiendo las mejores prácticas internacionales y que además garanticen la bancabilidad del proyecto. También se necesita una cartera de proyectos que tenga sentido y que sea clara. Hoy en día tenemos una cartera grande, pero estos proyectos cambian de un momento a otro. Uno se pregunta sobre qué criterios se definen cómo se escoge un proyecto. Se deben tener planes por cada sector y planes a largo plazo. Se está trabajando en el Plan Nacional de Infraestructura por fin. Se tiene que llegar a un consenso de qué cosa priorizamos para cada uno de los planes. Esto tiene que ser una decisión política y no de un gobierno de turno ni menos de un ministro de turno. Tiene que ser una decisión a largo plazo en la que no importe quien entre.

¿El desarrollo de proyectos de infraestructura va estar en riesgo latente mientras sigan las investigaciones del caso Lava Jato y se revelen complicidades de algunas empresas que ya tienen contratos?

FF: Lo más importante de combatir la corrupción es que tiene un impacto para el país que es brutal, eso significa avanzar, mirar los contratos, mirar a las compañías e investigar. Creemos que la investigación debe ser rápida, porque la verdad es que cuando se arrastra por mucho tiempo es más tiempo en el que el mercado está parado, más tiempo que la infraestructura no está avanzando. No vamos a discutir casos concretos porque no tenemos información. Lo fundamental es que hay investigaciones que tienen que avanzar, se deben concluir, juzgar a los culpables y después avanzar con una agenda de infraestructura muy fuerte porque no tenemos dudas de que el crecimiento sostenible del país va a depender de avanzar con esa infraestructura. Toma tiempo que va a demorar este proceso de transición. Otros países también están en esta transición. Esperemos que sea lo más corto posible. Va a suceder que otros contratos probablemente son renegociados, terminados y eso va a ser consecuencia del proceso de investigación. Es normal.

MB: Es caso por caso. No hay una sola receta para todos los casos. Tenemos carreteras que ya están construidas y ya están operando razonablemente. El problema no es de la infraestructura, el problema es de la corrupción. Lo que habría que hacer es evaluar costo-beneficio: ¿Cuánto nos costaría cancelar algo que ya está construido? La otra forma es facilitar la salida de los actuales ‘players’ y cobrar una reparación civil. Otros casos son contratos que podría ser que están en fase inicial de construcción o todavía no han empezado y sabemos que la infraestructura a construirse no tiene sentido. Los países han optado por distintas salidas, pero no hay una salida única para todo. Lo que no puede suceder es que la corrupción quede impune y que sea premiada. Sin embargo, hay formas distintas, fuera del tema judicial, de cobrarle a la corrupción. Por ejemplo, se podría dejar operar y cobrar por un lado, o si no se cancela y vas por la vía judicial a solicitar una indemnización por daños y perjuicios al Estado. Nuevamente, no existe una sola receta para todos los casos. Es muy importante que se juzguen los casos por separado. Lo que estamos observando ahora, como profesionales, es que hay más demanda que oferta, es decir que hay más ‘players’ internacionales que están buscando proyectos. Es una señal de que el mercado internacional ha tomado positivamente lo que está haciendo Perú en esta situación (lucha anticorrupción). (…)

¿Qué fortalezas y debilidades tiene Perú para recibir las inversiones en infraestructura respecto de otros países de la región?

FF: Perú tiene algunas ventajas. Nosotros hablamos con todos los inversores internacionales. Hay una tendencia global de los inversores en mirar a Latinoamérica y mercados emergentes. Es una tendencia que estamos mirando este año porque cuando miras los otros mercados el riesgo y el retorno no lo compensa mucho. Aquí hay una oportunidad grande. Cuando vemos a Proinversión, por ejemplo, es muy fuerte en el mercado, es un activo que Perú tiene. Debe tener ese respaldo político y mucha más fuerza. Otros países no tienen eso y el tema de infraestructura está en muchas agencias que estructuran de forma diferente. La financiación de los proyectos es algo que ha ido muy bien aquí. Ahora la locación de riesgos, desapropiación de terrenos para hacer los proyectos, temas ambientales se tiene que mejorar. Infraestructura debe subir en la agenda de prioridad y tener una atención especial del Gobierno para conseguir que los ‘players’ miren a Perú como alternativa.

MB: La ventaja es la estabilidad macroeconómica. Si miramos Argentina, por ejemplo, tiene problemas macroeconómicos. En cambio, Perú lo tiene mucho mejor protegido que otros países de la región. Además, Perú siempre mantuvo una línea de país abierto en los últimos quince años. (…)Se debe proteger a Proinversión, que está haciendo un muy buen trabajo. Pensamos que debe tener un rol un poco más activo en formulación o definición de qué proyectos deben ser escogidos porque tienen un conocimiento técnico

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