Julio Velarde.
Julio Velarde.

Gran parte del debate sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) se centró en la reforma laboral. Pero el presidente del , , planteó la continuación de otra reforma iniciada y cuyos resultados aún son conocidos: el destrabe burocrático.

La reforma planteada por Velarde se enmarca en el objetivo prioritario 8 de la PNCP, que se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad del país.

“Hay todavía un problema de destrabe bastante importante. Hay un problema de gestión pública. Cuando uno conversa con las empresas, muchas de las trabas son de funcionarios o de reglamentos más que de leyes. Muchas veces, hasta de criterio”, dijo en la presentación del Reporte de Inflación de diciembre.

Comentó que, incluso, en el mismo Banco Central de Reserva hay “un montón de normas casi absurdas que se aplican por temor a inspecciones más que por lo que está claramente establecido en la ley”.

Algunos avances

Pero Velarde afirmó que hay algunos avances en el destrabe burocrático. Uno de ellos es que se ha venido trabajando en la elaboración de un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) solo para las municipalidades, y refirió que se está buscando la simplificación administrativa en varios sectores.

“Cuando hicimos un estudio para minería, vimos cómo se había pasado de menos de 20 normas a más de 200. Sí tenemos un sistema bastante enmarañado”, precisó.

Flexibilidad laboral

En el caso de la reforma laboral, el presidente del BCR reiteró la necesidad de que el mercado laboral se flexibilice y que esta es una medida en la que también coinciden los empresarios.

Explicó que la rigidez laboral en el país se ha convertido en un obstáculo para la inversión. También genera temor en los empresarios a hacer contratos a plazo indefinido porque no pueden tomar medidas cuando la situación de la demanda de su empresa cambia o cambia la tecnología.

En corto

Expectativa. El BCR señaló que, en conjunto, ProInversión considera una cartera de proyectos programados para adjudicarse hasta 2020 que representa inversiones por US$ 3,500 millones. El proyecto de mayor valor es el de obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima.