(Foto: GEC)
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El excongresista e integrante del equipo técnico de Perú Libre, Juan Pari, indicó que no se debería temer al desarrollo de empresas estatales, posibilidad que se “evaluaría” en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

Hay que evaluar. El tema energético -por ejemplo- es fundamental (y) tiene que estar asumido dentro de una perspectiva de cómo le damos posibilidad de desarrollo a nuestra patria y se convierta en un recurso fundamental para impulsar el desarrollo del país cambiando la matriz energética, contribuyendo a nuevas posibilidades industriales, bajando costos de producción para que la propia inversión sea más dinámica”, explico en diálogo con Exitosa

Cabe recordar que el Perú ya tuvo empresas estatales. De acuerdo a un, entre los años 1970 a 1990 las empresas estatales experimentaron un fuerte crecimiento en su participación en la economía peruana. El Estado tenía el monopolio en servicios básicos como la electricidad, hidrocarburos y las telecomunicaciones. Asimismo, tenía una participación de más de 60% en el sistema financiero -a través de la banca estatal de fomento y la banca asociada-, controlaba el 35% de la producción minera y tenía una participación importante en la pesca, la comercialización de alimentos, entre otras actividades económicas.

No obstante, estas empresas cumplían objetivos políticos de corto plazo para los gobiernos de turno ya que eran utilizadas como un mecanismo para subsidiar el consumo a través de precios inferiores a los costos reales y para crear empleos en beneficio de ciertos grupos vinculados al partido de turno. De esta forma, los distintos gobiernos se aseguraban el apoyo temporal de los grupos que se beneficiaban con las políticas de las empresas estatales.

Como consecuencia de estas políticas, durante el período 1985-1989 las empresas estatales generaron pérdidas acumuladas de US$ 1,700 millones, lo que representó un déficit promedio anual de cerca del 2% del PBI. En particular -refiere IPE- durante el año 1988, las empresas estatales registraron una pérdida de 4.3% del 5 PBI.

Empresas como Electroperú, Petroperú y Enci registraron pérdidas acumuladas de US$ 420 millones, US$400 millones y US$340 millones, respectivamente, durante el período 1985-1990.

Asimismo, durante el período 1970-1990 la pérdida acumulada de las empresas estatales ascendió a aproximadamente US$7,100 millones.

De este monto cerca de US$2,500 millones se generaron durante la década de los 70, US$3,000 millones en la primera mitad de los 80 y US$1,800 millones durante el período 1986-1990.

“Estas políticas contribuyeron a agravar los desequilibrios macroeconómicos que enfrentaba el país. El déficit registrado por estas empresas fue financiado mediante la expansión del crédito del Banco Central de Reserva. Asimismo, una parte importante de sus pérdidas se financió mediante endeudamiento externo. Se estima que el valor actual de la pérdida de las empresas estatales durante el período 1968-1990 es de aproximadamente US$ 24,600 millones, monto que es superior a la deuda externa del sector público de US$ 20,300 millones. Estas políticas, conjuntamente con el elevado déficit del gobierno central, fueron la principal causa del proceso hiperinflacionario que experimentó la economía peruana a fines de la década pasada”, refiere el análisis IPE.

-Hidroeléctricas-

Al ser consultado Juan Pari si la constitución de empresas estatales implicaría el retorno al Estado de hidroeléctricas como Cerro del Águila o Chaglla precisó que se “discutirá”.

“Tenemos que evaluar y discutir este tema. Por ejemplo se ha regalado nuestros recursos y energía a empresas que realmente nos llena de muchas dudas que puedan contribuir al desarrollo de nuestra patria. Lo tenemos que discutir con la propia empresa”, puntualizó.

En ese contexto, reiteró que se va a renegociar el contrato de Camisa, pero si no funciona “procederemos con otra actitud”.

El responsable de la parte económica del plan de Gobierno de Castillo, no descartó la aplicación de salvaguardias para proteger a la producción nacional.

Cuando se habla de prohibir las importaciones, no hay que generalizarlas. Hay cosas que no están satisfechas (por lo que) tienen que importarlas, somos una economía abierta, pero (eso) no quiere decir que no tenemos que salvaguardar a la producción nacional. Todos los países lo hacen”, apuntó.

-Recursos estratégicos-

Dijo que un indicador para el tratamiento de la inversión minera en un eventual gobierno de Castillo será cuántos de ellos contribuyen a la rentabilidad social, no solo a la licencia social.

¿Que significa? Si esa inversión contribuye o no al desarrollo de economías locales, regionales y nacionales. Considerando que es una economía sostenible, si ha contribuido al desarrollo de economía alternativas y sostenibles en la región”, explicó.

Consideró que el mal manejo de los recursos del canon es un “tema de doble responsabilidad, corporativa y como país”.

Si como país estamos haciendo cualquier cosa, sin una mirada estratégica de qué cosa construimos y diluimos los recursos del canon, no estamos construyendo nada, es una relación dialéctica entre la posibilidad de inversión y lo que propone el Estado. Lo importante es como dinamizar la economía local, regional y nacional”, mencionó.

Añadió que otro indicador para el tratamiento de la inversión minera será cuánto es su contribución en impuestos y en nuevos recursos financieros, cuántos empleos está generando, si son numerosos y con salarios que respetan los estándares laborales o no, si ayudan al desarrollo de capacidad locales.

Hay que repensar en cómo capitalizamos al país y generamos rentabilidad social de una inversión extranjera o nacional. Toda inversión tiene que ser pensado en el interés nacional, sino estaremos repitiendo la vieja historia de que se llevan los recursos”, acotó.

Nacionalizar (los recursos) es pensar que toda inversión implica desarrollo del país, pensar en la Nación, como la construimos y cómo es que los proyectos generen rentabilidad social. No puede ser inversión por inversión. Hay que pensar en cómo revertimos esto, (ante ello) no lo tengamos miedo a la posibilidad de construir empresas estatales”, añadió.