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Instituto Crecer: Sin Ley de Promoción Agraria se frenarían más de US$ 3,500 millones

"Poner fin al régimen agrícola sería un contrasentido, pues neutralizaría los resultados positivos que ha tenido el agro peruano desde el 2000", dijo el presidente del Instituto Crecer.

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De no ampliarse la vigencia de la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360), que dispone, entre otras cosas, un régimen laboral especial hasta el 31 de diciembre de 2021, se frenarían inversiones por más de US$ 3,500 millones, con los cuales se iba a ampliar la frontera agrícola del Perú en casi 100 mil hectáreas, advirtió el Instituto Crecer.

“Se podrían perder exportaciones anuales por US$ 350 millones en los próximos 10 años y se dejarían de realizar adicionalmente inversiones por US$ 150 millones para r ehabilitar tierras agrícolas”, dijo el presidente del Instituto Crecer, Juan Manuel Benites.

En ese sentido, advirtió que la no renovación de la ley provocaría que la agricultura peruana corra el riesgo de tener un lamentable retroceso, pues se frenaría el crecimiento de la superficie agrícola cosechada y se perderían puestos de trabajo formales.

Por ello consideró que poner fin al régimen agrícola sería un contrasentido, pues neutralizaría los resultados positivos que ha tenido el agro peruano desde el año 2000.

Indicó que la Ley de Promoción Agraria contribuyó a que la actividad agrícola se convirtiera en el segundo sector económico generador de divisas, en el actual contexto mundial de boom en el comercio mundial de alimentos que viene superando el comportamiento cíclico mostrado por los precios de los metales y minerales.

“Las exportaciones agrarias han venido creciendo exponencialmente a tasas de dos dígitos por año, lo que ha permitido duplicar el valor de dichas exportaciones cada cinco años, posicionado al Perú entre los 10 principales proveedores de alimentos en el mundo”, comentó.

En ese sentido, pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso consolidar el alcance de una norma que ha logrado crear empleo de calidad, ha dinamizado las agroexportaciones y ha hecho que el agro sea una actividad económica inclusiva.

Según el Instituto Crecer, los beneficios de la ley se centraron básicamente en otorgar incentivos tributarios (aplicación de una tasa de 15% en el impuesto a la renta de tercera categoría y depreciación del 20% por las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y de riego) y laborales (régimen laboral especial de contratación temporal para los trabajadores del agro) a las unidades agropecuarias que se acogieron a esta norma.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en los últimos diez años se han creado nuevos puestos de trabajo mejor remunerados y con los correspondientes beneficios sociales en actividades agrícolas y/o agroindustriales.

Es así que el empleo formal en la agricultura ha crecido en cerca de 60% en la década pasada, pasando de 467 mil a 733 mil puestos de trabajo.

Asimismo, a diferencia de aquellos trabajadores empleados en el sector informal donde no reciben ningún beneficio social, los trabajadores del agro formal registraron en el 2016 un ingreso que en promedio fue de casi el doble de lo registrado por los trabajadores informales.

Cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) corroboran esta misma tendencia en relación al aumento del jornal en el agro el cual se ha multiplicado por más de dos veces en 22 de las 24 regiones en la última década, llevando a reducir entre el 2004 y 2015 los índices de pobreza de los trabajadores agropecuarias en la costa pasando de una tasa de 69% a 21%, en el mismo periodo.

Por otro lado, el número de trabajadores que realizan labores de campo afiliados al sistema privado de pensiones en la agricultura moderna se ha multiplicado por casi ocho veces en los últimos 10 años.

Según Benites, esta ley ha cumplido con su objetivo de reducir la pobreza, pues ha impulsado una agricultura moderna, que constituye una opción de mejora de ingresos para las personas que trabajan en la agroindustria y que ahora tienen una mejor situación respecto al pasado.

“En 2004, el 69% de los trabajadores agropecuarios de la costa vivían en condiciones de pobreza, hacia el año 2015 dicho porcentaje se redujo a 20.5%. Es decir, de cada 10 trabajadores agrícolas de la costa, ocho viven en condiciones de no pobreza”, añadió.

Asimismo, la agricultura moderna de la costa ha tenido un impacto inclusivo e igualdad de género muy fuerte, pues ha incrementado la presencia de la mujer peruana en el mercado laboral, reportando un incremento de 82% en sus remuneraciones entre 2004 y 2015.

¿Qué dice el presidente Vizcarra sobre el futuro de la Ley de Promoción Agraria?

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra y la Ley de Promoción Agraria

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