USI
USI

Pese a que el Poder Judicial presentada – en agosto del 2017 – solicitando “la suspensión y liquidación del ”, el abogado Wilber Medina Bárcena, insistirá en este objetivo.

El 29 de noviembre del 2017, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López, desestimó la demanda del exabogado de Alan García, aduciendo – según la resolución a la que tuvo acceso Gestión.pe – que no ha sido acreditada la violación a la que hizo referencia , “ni se tiene certeza de la misma”.

Ello a raíz de que el abogado alegó en su demanda de amparo que el incierto costo económico de la obra es lo que justamente va en contra de los derechos de los consumidores y el principio constitucional de justicia presupuestaria.

“Lo demanda no busca evitar la consumación de una amenaza sino el cese de una violación. El juez no ha tomado en cuenta que el costo de inversión del viola el principio constitucional de justicia presupuestaria porque de abril de 2008 a marzo de 2014 su costo se ha incrementado en más de US$ 4,000 millones, situación que evidencia que el gasto público se viene ejecutando de manera ineficiente”, explicó.

A lo que se suma, en opinión del letrado, que el costo actual del   – ahora en US$ 5,000 millones – es estimado o variable “lo que implica que el monto puede ser mayor”.

El abogado también consideró que la obra va en contra de los derechos de los consumidores debido a que el precio de los combustibles se triplicaría para que la empresa estatal obtenga ingresos para recuperar su costo de inversión y pagar el costo del financiamiento.

“Si en la actualidad, el margen de ganancia por la venta del combustible es más del 10%, la lógica nos dice que la empresa estatal para recuperar los US$ 5,000 millones que cuesta el proyecto, va triplicar su margen de ganancia, lo que va a perjudicar a los consumidores”, precisó.

Al respecto, aseguró ayer – en un comunicado – que , una vez puesta en operación a inicios del 2021.

“Una vez puesta en a inicios del 2021, generará un margen de ingresos mayor al actual, lo que permitirá cubrir el costo de la inversión. Por esta razón, el precio de los combustibles de Petroperú no se verá afectado”, dijo.

¿Cuál es el siguiente paso? El letrado apeló la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, la cual fue admitida el último 14 de diciembre, disponiéndose que se eleve a una Sala Superior.

“Lo que implica que a más tardar en marzo próximo, una Sala Superior tomé una decisión sobre el fondo del caso, después de escuchar a ambas partes, que puede ser que confirme la decisión del juez Valencia López (que declaró improcedente la demanda); que admita la demanda de amparo o que declare nula la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima y le pida volver a evaluar la demanda", detalló.

En esa línea, remarcó que si la Sala Superior confirma la decisión de declarar improcedente la demanda de amparo, irá hasta el Tribunal Constitucional, pero si el juez la admite presentará una medida cautelar para la suspensión de la