Esta herramienta digital incluye los deberes de los proveedores, quienes deben ofrecer información relevante a los consumidores para que tomen las mejores decisiones. (Foto: GEC)
Esta herramienta digital incluye los deberes de los proveedores, quienes deben ofrecer información relevante a los consumidores para que tomen las mejores decisiones. (Foto: GEC)

El publicó hoy el documento de trabajo con la propuesta de mejoras normativas de la Ley General del Sistema Concursal a fin de recibir los comentarios de especialistas, asociaciones gremiales y de la ciudadanía en general, hasta el próximo lunes 13 de mayo.

El documento propone un conjunto de modificaciones e incorporaciones a la normativa vigente con el fin de que la recuperación de los créditos (deudas) en favor de los acreedores sea la mayor posible.

Entre otras cosas se propone una mejora normativa al texto del artículo 84.2 de la Ley General del Sistema Concursal. La propuesta establece un plazo máximo de 18 meses para la venta y adjudicación de activos del deudor a favor de los acreedores reconocidos, contados desde el momento en que el liquidador asume funciones, de acuerdo con lo establecido en la norma concursal y las condiciones que fijen los acreedores en el Convenio de Liquidación respectivo.

Con esta medida no solo se reducirían los plazos de los procesos de liquidación, también el costo de dichos procesos.

La propuesta establece igualmente la designación de un contralor concursal y un régimen de concurso transfronterizo, es decir, cuando un deudor tiene bienes y/o derechos en más de un país o cuando los acreedores se encuentran en el exterior.

La Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del será la encargada de la recepción, procesamiento, evaluación y consolidación de los comentarios y aportes que se reciban respecto del documento de este trabajo institucional.

Con esta iniciativa,se busca fortalecer la Ley General del Sistema Concursal, afirmando que el adecuado funcionamiento del sistema concursal garantiza beneficios para la economía y el interés público en general, en tanto permite la recuperación del crédito, la eficiencia en la asignación de los recursos, la reducción de los costos de transacción y favorece la competitividad.