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La Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi inició fiscalización, a nivel nacional, a diferentes Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat) para verificar si cumplen con el pago de las indemnizaciones dentro del plazo establecido por ley y solicitando únicamente los requisitos establecidos en la misma.
El objeto de la supervisión es comprobar el cumplimiento normativo por parte de las empresas prestadoras de estos servicios de seguros, en sus relaciones con los consumidores. En ese sentido, las conductas por investigar son los requisitos exigidos para el pago de las indemnizaciones y el cumplimiento del plazo para el pago.
A nivel nacional, existe un total de 43 proveedores de este servicio, según el ente regulador.
Desde el 2017 a la actualidad, Indecopi ha recibido un total de 162 reclamos y 204 denuncias relacionadas con los servicios brindados por dichas empresas.
En 2018, el organismo sancionó a empresas infractoras en este sector con un total de 123 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 510,450.
Plan Anual de Supervisiones
En febrero de este año, Indecopi presentó su Plan Anual de Supervisiones 2019, herramienta que permite planificar las actividades de supervisión del Indecopi a nivel nacional, para lograr el cambio de conductas infractoras (disuasión) entre los agentes económicos del mercado a través de supervisiones de impacto.
De acuerdo con el plan, el ente fiscalizador efectuará estas acciones en el sector de servicios de seguros, priorizado dentro del referido plan, ya que, en caso de accidentes, representa un respaldo para los consumidores que se trasladan en transporte público en diferentes ciudades del país.
En este plan, se ha priorizado cinco sectores, entre los cuales se encuentra el sector comercio e industria, transporte, enseñanza, actividades financieras y de seguros, y actividades inmobiliarias y de construcción.
Estos sectores económicos fueron determinados bajo un enfoque de riesgos; es decir, se da prioridad a aquellas que podrían generar un mayor perjuicio a los ciudadanos.
Esta elección se hizo bajo el cálculo de una serie de indicadores como la incidencia de sanciones, participación de la canasta familiar de consumo, número de potenciales consumidores afectados, número de proveedores en el sector, así como el impacto a la vida, seguridad o salud de las personas.