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Indecopi confirma que CAL impuso tres barreras burocráticas ilegales

Las dos primeras barreras burocráticas ilegales, están referidas a exigir el cobro de S/ 1,500 y S/ 2,700 como derecho de trámite para incorporación al CAL

Indeocpi

La multa de la CC3 a las tres empresas asciende a S/ 4,427,865 (equivalente a 1,093.3 UIT), y se trata de un caso diferente, de productos diferentes, a la sanción de noviembre, impuesta por la CC2 (Foto: Indecopi).

Dos barreras detectadas por Indecopi están relacionadas al monto exigido como derecho de trámite para la obtención de la colegiatura (Foto: Indecopi).

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) del Tribunal del Indecopi confirmó que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) impuso tres barreras burocráticas ilegales a los profesionales del Derecho, que buscaban obtener la colegiatura para ejercer su profesión en el patrocinio de casos ante el Poder Judicial.

Precisó que dos barreras están relacionadas al monto exigido como derecho de trámite para la obtención de la colegiatura y la tercera, a la exigencia de llevar un curso de práctica forense en dicho colegio profesional.

En cuanto a las dos primeras barreras burocráticas ilegales, están referidas a exigir el cobro de S/ 1,500 y S/ 2,700 como derecho de trámite para incorporación al CAL, bajo las modalidades ‘Grupal’ e ‘Individual’, respectivamente, para ejercer el patrocinio de casos ante el Poder Judicial. Estos montos fueron aprobados por la Junta Directiva del CAL y difundidos a través de su portal web institucional.

“En ambos cobros, el CAL no acreditó, antes de iniciarse el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas ante el Indecopi, que haya elaborado una estructura de costos que sustente la cuantía de tales derechos de trámite, por lo que resultaron injustificados”, indicó la SEL.

Posteriormente, cuando ya se había iniciado el procedimiento, el CAL presentó una estructura de costos, pero con inconsistencias en el cálculo de los costos involucrados e incurrió en omisiones de información en determinados rubros, lo que no permitió verificar si los montos cobrados por dicho colegio profesional fueron determinados en función al costo real incurrido por la entidad, de conformidad con el Decreto Supremo 064-2010-PCM.

Como consecuencia de ello, la Sala consideró que el CAL contravino lo dispuesto en los artículos 51.1 y 52.1 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444).

La SEL, también, determinó que la exigencia de presentar copia del certificado del curso de práctica forense para la incorporación al CAL, a fin de ejercer el patrocinio de casos ante el Poder Judicial, era una barrera burocrática ilegal, por lo que también confirmó la decisión de la primera instancia.

De la revisión de lo dispuesto en la Ley del Colegio de Abogados (Ley N° 1367), el CAL y demás colegios de abogados del país, están habilitados para crear y conducir una academia para la enseñanza de la práctica forense. Sin embargo, ello no lo faculta en modo alguno a exigir la acreditación de haber llevado dicho curso, como requisito para obtener la colegiatura.

La decisión de la primera instancia, confirmada por la segunda y última instancia administrativa del Indecopi, no implica que los abogados deben incorporarse al CAL de manera gratuita, o que dicho colegio profesional se encuentre impedido de efectuar cobros; sino que los montos y requisitos previstos para la habilitación de los profesionales en Derecho deben cumplir con el marco legal que le es aplicable, especialmente las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444.

De conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú, el TUO de la Ley N° 27444 y el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CAL es una entidad de la Administración Pública autónoma y de derecho público, que ejerce función administrativa cuando habilita a los profesionales en Derecho a ejercer el patrocinio judicial de causas.

En tal sentido, la SEL determinó que las actuaciones y disposiciones de dicho colegio profesional son susceptibles de ser analizadas en el marco de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, cuando ejerce función administrativa.

Finalmente, se dispuso la publicación de la indicada resolución en el Diario Oficial El Peruano, a efectos de la imposición de las sanciones correspondientes, en caso se verifique que el CAL exija a los ciudadanos las barreras burocráticas previamente declaradas ilegales.

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