Indecopi busca que entidades del Estado no puedan impugnar sus resoluciones ante Poder Judicial

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó un grupo de propuestas para mejorar la competitividad del país, desde el ámbito de sus facultades, en materia de eliminación de barreras burocráticas, registro de marcas y control de las barreras comerciales no arancelarias.

En lo que respecta a eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, el presidente del Indecopi, Hebert Tassano, planteó fomentar en los diferentes niveles de gobierno la realización de un análisis de impacto regulatorio y de costo-beneficio a cada una de sus iniciativas normativas, con el fin de identificar previamente el beneficio que traería implementarlas.

Para ello, el Indecopi pondrá a disposición de las entidades públicas un curso taller para que sepan realizar estos análisis.

Asimismo, se propone colaborar con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en la elaboración de un ranking anual de buen clima de negocios y simplificación administrativa, que funcione como una especie de certificación para las municipalidades y demás entidades del Estado, que se esfuerzan por eliminar barreras que afectan al clima de negocios.

Tassano alertó sobre el impacto que tienen en la economía las barreras burocráticas. Solo para poner un ejemplo, en el año 2013 el Indecopi identificó 613 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, las cuales representan un costo total de S/. 131.27 millones.

Este valor corresponde al costo que hubieran asumido las empresas y personas en caso no hayan presentado sus denuncias.

Sin embargo, debido a que la institución no cuenta con facultades para eliminar barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, de manera general para todos los afectados, sino solo para los casos concretos que son denunciados, genera que una misma barrera sea denunciada varias veces por diferentes empresas.

Esta situación motiva a que el Indecopi multiplique sus esfuerzos (en tiempo y recursos humanos) en eliminar una misma barrera.

Tomando el ejemplo de las 613 barreras identificadas en el 2013, se ha estimado que si la entidad tuviera facultades para eliminar barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad de manera general, hubiera ahorrado a la sociedad un total de S/. 473.89 millones.

Para ello, el Indecopi propone contar con la facultad de inaplicar de manera general una barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad, en cuanto se encuentre establecida mediante decreto supremo.

Asimismo, limitar la posibilidad que tienen las entidades del Poder Ejecutivo para que no impugnen ante el Poder Judicial las resoluciones del Tribunal del Indecopi (segunda y última instancia administrativa) cuando se determina la existencia de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Con ello se busca que las barreras no se prolonguen en el tiempo ni mantengan sus efectos negativos.

La propuesta del Indecopi es modificar la Ley de Procedimiento Administrativo General para prohibir a las entidades del Estado exigir cobros en función a criterios como valor, medida, tipo, distancia, tiempo, capacidad de carga, almacenaje o acopio, extensión de área ocupada, entre otros, salvo, que acrediten de manera satisfactoria que el procedimiento genera un costo diferenciado en cada caso. Con ello, se busca que los cobros por los trámites sean en base al costo que le genera a la entidad, independientemente del tipo de negocio.

Tassano puso en claro que la intención de informar esta situación no es interferir en las políticas sectoriales que son competencia de los respectivos ministerios o sectores, sino tener referencia de lo que se puede lograr con la adecuación de las barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad.

El Indecopi ha fortalecido sus facultades de fiscalización y sanción en esta tarea (Ley N° 30056). Con estas facultades, desde que entró en vigencia la ley (diciembre de 2013) y octubre del presente año, se ha sancionado a 43 entidades gubernamentales por imponer barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad.

Destacan: no aplicar el silencio administrativo positivo, exigir documentación prohibida en un procedimiento, exigir requisitos que no están incluidos en el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA), entre otros. Las municipalidades fueron las entidades más sancionadas.

En el documento también se propone, para mejorar la competitividad, simplificar el proceso de registro de marcas y patentes, eliminando el requisito de la publicación el diario oficial El Peruano.

En su reemplazo, se plantea difundirlo de manera electrónica y gratuita. Con ello se logra reducir costo y tiempo del registro, fomentando así la formalización y mejora de la competitividad de las empresas.

Asimismo, la entidad busca fortalecer el control de barreras comerciales no arancelarias (otro tipo de barreras que se imponen en el comercio internacional), fomentando que todos los interesados, participen del procedimiento de su eliminación, beneficiándose de su eventual inaplicación.