Tras la incautación de sus bienes, los Humala ahora se alistan para ir a la Comisión de DD.HH.

Gonzalo Arcasi Mariño
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Raúl Castro Pereyra
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Carlos Hinostroza Sánchez
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El 11 de abril, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la incautación de un conjunto de bienes de los involucrados en la investigación por lavado de activos que tiene como principales protagonistas a la pareja Humala - Heredia.

Un día antes, los miembros del Tribunal Constitucional estuvieron a punto de decidir la salida de ambos, al aceptar –como finalmente sucedió el 27 de abril– el hábeas corpus que presentaron.

Ayer, y a pocos días de haber logrado su libertad, el fiscal Germán Juárez decidió ejecutar la medida judicial, que incluyó la incautación de las propiedades de Nadine Heredia; de Antonia Alarcón, su madre; de Rocío Calderón, su amiga y exdirectora del OSCE; de sus hijas mayores, de la empresa Todo Graph y del propio Partido Nacionalista.

Gestión tuvo acceso a la resolución, de más de 150 páginas, que dictó el 27 de abril el juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que decidió la prisión preventiva de la ex pareja presidencial, en la que determina incautar cinco inmuebles, 14 cuentas bancarias y cinco vehículos de los involucrados.

Todos estos bienes fueron reinscritos ante Registros Públicos en calidad de incautados, para luego pasar a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Las tesis fiscal
De acuerdo a la Fiscalía, los bienes incautados fueron adquiridos con fondos ilícitos. En la resolución, también se añade que el dinero tendría origen en el Gobierno de Venezuela, que habría llegado al Perú a través de empresas y contratos simulados. Otros de los montos habrían sido entregados por OAS y Odebrecht.

Otro detalle detectado por el Ministerio Público es que, por ejemplo, en el caso de los vehículos estos se adquirieron sin pasar por el sistema financiero.

Sobre las cuentas incautadas, en el caso de las hijas de los Humala, se dice que no se justifican los movimientos y se sospecha de que fueron usadas para lavar dinero.

El operativo
Desde temprano, el fiscal Juárez Atoche dirigió el operativo de incautación.

A través de Twitter, el Ministerio Público informó que la confiscación de los inmuebles “implica su desposesión y entrega inmediata al Pronabi, que depende del Ministerio de Justicia, debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito”.

En otro mensaje precisó que no es un allanamiento en el que se busque información.

Por su parte, el abogado de la pareja, César Nakazaki, informó que la Fiscalía remitió un oficio a sus defendidos en el que les comunicaba que tenían hasta las 10:00 p.m. del lunes (ayer) para abandonar su vivienda, debido a la orden de incautación.

Hasta el cierre de esta edición, todos los involucrados abandonaban los inmuebles distribuidos en Surco, La Molina, La Victoria y Lurín.

El abogado Carlos Caro señaló en RPP que ahora la defensa de los Humala tiene tres días para apelar la decisión, mientras que el Poder Judicial tiene 20 días para convocar a una audiencia y tomar una decisión.

Las medidas
Tras conocerse esta noticia, el abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de revertir este fallo judicial.

“Es absolutamente imprescindible que instancias internacionales vigilen nuestro procedimiento (judicial), porque es inadmisible que un bien inmueble embargado hace 40 días con orden de inhibición tenga hoy una medida de incautación”, cuestionó.

El abogado también informó que recurrirán al Ministerio de la Mujer, para pedir protección para las menores hijas de la ex pareja presidencial, así como a la Defensoría del Pueblo, para que condene este –a su juicio–abuso de la función pública contra un ciudadano.

Por su parte, Julio César Espinoza, abogado de Humala, calificó la resolución dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho como arbitraria y desproporcionada.

“El juez no ha hecho ninguna referencia a la ley de protección de los niños. Esta norma establece que todo funcionario que adopte resoluciones, como un juez, tiene la obligación de considerar el cumplimiento y ejecución de esta medida, y esa resolución no hace ninguna referencia al cumplimiento de esa ley”, enfatizó.