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La mayoría de las agroexportadoras del país son de mediano o gran tamaño, pues se necesita de un capital elevado para producir y comercializar frutas y hortalizas bajo los estándares exigidos en el mercado internacional. Sin embargo, una importante superficie de cultivos pertenecientes a productores de menor escala también podrían destinarse a la exportación, si estos últimos recibieran el impulso necesario, plantean Daniel De la Torre y Carlos Heros, investigadores de la Universidad del Pacífico (UP).
De acuerdo con el diagnóstico realizado para dicha propuesta, en el país hay 438,361 hectáreas con potencial exportador que pertenecen a 247,572 unidades de agricultura familiar. Estas se encuentran clasificadas como intermedias o excedentarias, de acuerdo con el tamaño del productor.
En su gran mayoría (el 80.8%) estos productores no han recibido capacitación productiva, no cuentan con acceso al mercado financiero (81%), tampoco usan semillas mejoradas, fertilizantes ni algún tipo de maquinaria. Estas condiciones explican la baja productividad de las unidades, según explicó De la Torre durante el evento “Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno”.
Como resulta evidente, la brecha entre estas unidades de producción y las que actualmente exportan es grande. Estas últimas por lo general deben realizar inversiones duras, en infraestructura de riego, procesamiento y almacenamiento. Además, las agroexportaciones peruanas hasta ahora se han caracterizado por sus productos de alto valor, que requieren agricultores con alta capacidad financiera, técnica y de gestión de negocios, señala el estudio.
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Es así que los productores de agricultura familiar afrontan una gran barrera de entrada para el comercio exterior, ocasionada por los altos costos de las transacciones. A ello se añade que poseen un bajo nivel de negociación: tienen como única alternativa venderles a intermediarios, puesto que les resulta demasiado costoso trasladarse hacia los mercados y tejer lazos con potenciales compradores. Como resultado, se pierden de conseguir mejores condiciones para la venta de sus productos.
Frente a estas dificultades, De la Torre y Heros plantean incorporar la pequeña agricultura familiar al mercado de exportación mediante la generación de plataformas de servicios que eleven su capacidades productivas y empresariales, además de brindarles acompañamiento.
Dentro de esta propuesta se señala la construcción de un sistema especializado en distribuir insumos agrícolas y tecnologías productivas a dichos agricultores. Además, mediante este sistema se les brindará acompañamiento técnico, acceso al crédito y soporte para alcanzar la logística necesaria para “generar productos con valor agregado que respondan a la demanda de los mercados del exterior”.
Según sostienen, los promotores de las plataformas pueden ser asociaciones, cooperativas o comités de productores, empresas privadas, universidades, ONG, entre otras organizaciones. La plataforma deberá identificar y promover oportunidades de inversión privada para generar productos de alto valor agregado.
Para el financiamiento de estas plataformas de servicios será necesario crear un fondo concursable que canalice el aporte del Gobierno Central y la Cooperación Internacional, indica. De la Torre Ugarte señaló que para beneficiar a unos 200,000 agricultores se requerirá invertir en cinco años unos US$ 60 millones en dichas plataformas.
“Si bien el objetivo es ayudar a productores de pequeña agricultura familiar, va mucho más allá. Entonces, (este fondo) no lo ubicaría como una asignación presupuestaria del sector agricultura necesariamente, sino que tomaría una forma muy similar a la del Fondo Mipyme, que administra Cofide, donde el MEF, Midagri, Produce, Mincetur y el Consejo de la Competitividad son miembros del directorio. Entonces, eso le da la independencia de fondo, pero a la vez establece la coordinación entre los cinco actores clave, que le darán el impulso necesario para dar este gran salto”, explicó el doctor en Economía Agrícola.
Sin embargo, precisó que aunque estas plataformas necesitan de apoyo financiero inicial deben ser autosostenibles en un plazo de cinco años. El modelo de esta propuesta se basa en del la Alianza Cacao Perú, según indicaron sus autores.
Perú Debate 2021 es una iniciativa de seis instituciones de la academia y la sociedad civil: el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), el CIES, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP, IDEA Internacional, el Instituto de Estudios Peruano (IEP) y la Asociación civil Transparencia. Tiene por objetivos fortalecer la capacidad de los partidos políticos, elevar el nivel del debate y aportar a las nuevas autoridades de cara a las elecciones de este año.