Los cambios al dictamen del proyecto de ley de la reconstrucción del Perú, enviado por el Poder Ejecutivo, pusieron un obstáculo a la idea del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de aplicar su propuesta de , la cual ya no podrá ser implementada por decreto supremo como estaba previsto inicialmente.

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso establece que dicho mecanismo ahora deberá ser aprobado mediante una ley expresa aprobada por el Parlamento.

"Las modalidades de compensación que regulará dicha ley expresa, incluirán, entre otras, la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo y superficie", dice el nuevo texto del dictamen.

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Por otro lado, el proyecto inicial estableció que la Contraloría se encargaba de realizar el control eficaz, de manera simultánea y vinculante pero sin control posterior, de las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten durante la reconstrucción, o se podía realizar a través de empresas auditoras.

Esas empresas auditoras tenían que contar con representación y afiliación internacional no menor de diez años.

Si bien el Pleno del Congreso aprobó que la Contraloría haga ese control o lo pueda derivar a empresas auditoras, se eliminó el requisito de "representación y afiliación internacional no menor a diez años".