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El Gobierno y los diversos gremios de transportistas, tanto de carga pesada, interprovinciales como transporte urbano, lograron una serie de acuerdos para que levanten los paros que estaban programados para los días 27 de junio y 4 de julio pasados.
Uno de los acuerdos fue que el Estado devuelva a los transportistas el 70% del monto que pagan por impuesto selectivo al consumo (ISC) cada vez que compran combustibles.
Para ello se envió un proyecto de ley al Congreso, buscando modificar el Decreto de Urgencia N° 012-2019 el cual ya establece la devolución del ISC, pero solo del 53%, medida que vence a finales de este año.
Ahora, el proyecto del Ejecutivo plantea que la devolución del 70% del ISC se inicie recién el 1 de enero del 2023, una vez termine el beneficio vigente de 53%. La mayor devolución se extendería hasta el 31 de diciembre del 2025.
Flexibilidad
Pero no solo se varía la tasa a devolver y el plazo de vigencia de la medida, también se está flexibilizando los requisitos para que los transportistas accedan a esta.
La propuesta del Gobierno es que los transportistas que tengan sanciones de transporte y tránsito impuestas por las autoridades competentes mediante actos administrativos firmes o que hayan agotado la vía administrativa, ahora sí puedan acceder a la devolución del ISC.
Con el decreto de urgencia vigente, esto último no es posible, pues uno de los requisitos para acceder a la devolución es que los transportistas no tengan sanciones ni papeletas de tránsito.
Según el proyecto, esta medida no debilita la seguridad vial, pues el Poder Ejecutivo, a través del MTC, viene implementando medidas alternativas que persiguen dicho fin y que sustituirían la condición que se está eliminando en la norma.
Así, para evaluar el impacto de la norma, se tomará en cuenta la reducción de siniestralidad de accidentes de tránsito, tanto de heridos como de fallecidos.
Costo será de S/115 millones
De acuerdo con los cálculos del Poder Ejecutivo, la devolución del 70% del ISC del combustible a los transportistas significará un costo para el Estado de S/ 155 millones por año. Es decir, en los tres años de vigencia de la norma, el Estado dejaría de recaudar unos S/ 465 millones.
Asimismo, el MTC señala que asumiendo una reducción de las consecuencias por siniestros de tránsito a nivel nacional de alrededor del 5%, el costo evitado en fallecimientos prematuros y en prevención de lesiones podría ascender a más de S/ 123 millones anuales.