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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori apoyaría proyectos de energía y minería si fuera elegida, dijo un asesor de campaña, lo que contrasta fuertemente con su rival de izquierda.
Su gobierno no buscaría renegociar contratos en el yacimiento de gas de Camisea y presionaría para que se aprueben los proyectos mineros Tía María y Conga que han encontrado resistencia comunitaria, dijo el asesor Rafael Belaunde en una entrevista.
Fujimori se enfocaría en resolver los problemas comunitarios para atraer más inversiones, dijo.
El objetivo es ayudar a “poner en marcha nuevos proyectos, con un componente fundamental de que las poblaciones, en particular las poblaciones cercanas a las áreas donde ocurren estas actividades, sientan los beneficios”, dijo Belaunde.
Fujimori, quien está en libertad bajo fianza por presunta corrupción y es hija de un expresidente encarcelado, enfrentará a Pedro Castillo en una segunda vuelta el 6 de junio que tendrá dos visiones opuestas para salir de la crisis económica inducida por la pandemia.
El resultado de las elecciones, que según una encuesta del fin de semana está demasiado cerca de ser calculado, repercutirá en los mercados de metales dado que el mundo confía en Perú para ayudar a satisfacer la creciente demanda de cobre en una transición hacia la energía limpia. La nación es el segundo mayor proveedor del metal rojo y un importante productor de zinc, plata y oro.
Castillo, quien desafió las encuestas para ganar la votación de la primera ronda, prometió nacionalizar Camisea y aumentar los impuestos a las minas, así como buscar un referéndum para redactar una nueva constitución. Sus planes han asustado a los inversores, aunque es probable que enfrente una dura oposición de una legislatura dividida y se haya distanciado de las propuestas más duras de su partido.
Pagos directos
Una administración de Fujimori canalizaría el 40% del canon minero en pagos a las comunidades, dijo Belaunde. El dinero se enviaría directamente a las cuentas bancarias de las personas y podría ascender a unos 2,000 soles (US$ 540) al año dependiendo de la región.
También buscaría mejorar el cronograma y la comunicación en torno al proceso de consulta antes de la exploración y explotación minera, dijo Belaunde. Las regulaciones ambientales actuales de la nación ya son lo suficientemente rigurosas, dijo el asesor.
“Perú es un país con un enorme potencial minero”, dijo Belaunde. “Atender el problema del conflicto social y mejorar la eficiencia de cómo se gastan los ingresos de la minería creo que resolverá la mayor parte de los problemas”.
El gobierno de Fujimori también apoyaría proyectos de exploración de petróleo en la Amazonía para aprovechar la refinería de Talara en el norte del país, dijo Belaunde. Las comunidades indígenas se oponen a tales iniciativas por motivos de daño ambiental.
“El gobierno debe promover poner en funcionamiento su potencial petrolero”, siempre que haya apoyo de la comunidad y se proteja el medio ambiente, dijo.