En entrevista con Gestión, el ministro indica que en la revisión integral de la normativa eléctrica se deben revisar, por ejemplo, los peajes (de transmisión), que tienen impacto sobre los precios de la generación, las energías renovables no convencionales , entre otros. 

La controversia surgida por lo que un grupo de empresas eléctricas considera distorsiones en el sector, como es la declaración cero o casi cero en el costo del gas natural usado para termoeléctricas, ha sido trasladada a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde se plantean proyectos que busca resolver esas distorsiones ¿Cuál es la posición de su despacho?
Es un tema sensible. El Congreso ha sido sorprendido con este tema, tengo una duda muy razonable que esto le corresponda verlo a la Comisión de Defensa del Consumidor. Debería verlo la Comisión de Energía (del Con-greso) porque es un tema técnico.

¿Qué posición tiene en torno a este tipo de iniciativas?
El ministerio se ha manifestado en contra de estos proyectos de ley; detrás de esta iniciativa, en realidad hay intereses económicos de un grupo de empresas que busca desnaturalizar un modelo económico que ha venido funcionando hace casi 20 años, que es el sistema del método marginalista (de costos marginales de generación eléctrica).

¿Y por qué se quiere cambiar este método marginalista?
Porque eso le generaría mayores ingresos a un grupo de empresas sobre otros.

¿No cree que se busca reducir las tarifas eléctricas a usuarios finales, como se plantea?
Pero acá no tiene nada que ver con que se vaya a beneficiar a los consumidores. El análisis de Osinergmin por un lado estás hablando de (una reducción en la tarifa de) 0.5%, que de una facturación de 100 soles, son 0.50 céntimos, pero por otro lado (se habla del posible impacto, el riesgo de perjudicar a pequeñas y medianas industrias con un incremento de su tarifa eléctrica.

¿Se refiere al proyecto del congresista Percy Alcalá, que busca eliminar una supuesta sub declaración de precios del gas para térmicas?
Los congresistas han sido sorprendidos al acoger una iniciativa de esta naturaleza en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde tenía un dictamen, cuando, como menciono, esto no tiene un fin principal para beneficiar al consumidor. Para eso hay que tomar otras medidas que vamos a trabajar.

¿Y por qué cree que se llegó a esta controversia?
Lo que ha existido es una situación (en algunas de las empresas del sector) que no ha estado acorde lo que ha ocurrido en el mercado, con los planeamientos de algunas de ellas que en sus políticas comerciales y sus proyecciones se equivocaron y hoy día esos errores pretenden cobrárselo a otro grupo de empresas cambiando este modelo marginalista.

El último viernes vencía el plazo que se da cada año para presentar la declaración de precios del gas para térmicas, y algunas empresas pedían postergar el plazo ¿La presentación se concretó?
Sí, por supuesto, y a las empresas que pidieron que se les suspenda su declaración, se les ha dicho que no hay sustento para hacerlo. Nosotros estamos trabajando en estricto cumplimiento del marco legal y siguiendo este modelo marginalista que ha funcionado durante 20 años.

Volviendo al proyecto Alcalá, ¿cuál cree es el problema de esa iniciativa?
Que desnaturaliza un modelo que ha funcionado durante mucho tiempo y si uno va a hacer un cambio de esa naturaleza tiene que hacer bajo un estudio amplio e integral para ver cómo funcionaría el mercado después de hacer el cambio.

No es un cambio que esté sustentado en un modelo económico, es un cambio que crea un modelo híbrido, ni siquiera está acorde a otros modelos de otros países de la región.

El proyecto propone auditar los costos del gas para que ya no se declare cero costos, como hoy
Si tomas costos variables o marginales (de uso del gas), no puedes bajo un proyecto, hacer esos cambios y llevar los (costos) variables más costos fijos (costos del gas natural en contratos take or pay )y al otro dejarlo en costos variables y marginales ... o aplicas el modelo marginalista o no lo aplicas.

Según Termochilca, no todos son costos fijos en las térmicas, también hay costos de gas flexibles que se pueden auditar, y cree que el Minem podría sacar una norma para que se consideren esos costos flexibles como parte de los costos variables auditables y no esperar 6 meses para resolver este problema, como su sector lo anunció. ¿Qué opinión le merece?
Definitivamente tiene que ser parte de la revisión que estamos empezando a hacer. Hemos avanzado, pero lo que nosotros resolvamos con estas ideas que vienen de los distintos grupos de empresas, va a ser cuestionado por unos o por otros. Este es un tema de intereses privados, de las empresas; lo que hagamos...

¿Hay antecedentes de ello?
Ya ha ocurrido en el pasado, si usted revisa el pasado de las eléctricas, lo que vivimos hoy ya se ha vivido antes, en-frentamientos siempre entre las empresas eléctricas, aún no han aprendido a convivir en un mercado eléctrico importante que les da utilidades, como es el peruano, no han aprendido a ponerse de acuerdo.

Este lunes la Comisión de Defensa del Consumidor prevé retomaría el proyecto Alcalá. ¿Si ese proyecto prosperara, lo observarían?
Por supuesto, ya nosotros hemos dejada clara nuestra posición técnica y de preocupación respecto del consumidor, respecto del usuario libre, de la pequeña empresa, de que este es un proyecto que no les va a traer beneficios, sino que al contrario, hay un riesgo. Nosotros como gobierno no podemos intervenir en un espacio que es una disputa económica entre empresas, sin una revisión integral del sistema.

¿Hasta cuándo esta Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE)que el Minem anunció la semana pasada culmine su labor en 6 meses no habrá ningún cambio?
Efectivamente, nosotros queremos seguir la metodología que se ha venido trabajando en años anteriores cuando se dieron modificaciones integrales en el sector. Dado que hay temas importantes por resolver en el sector, a lo que vamos a sumar esta solicitud, este reclamo que hace un grupo de empresas, estas propuesta legislativa, la vamos a sumar.

¿Cuál sería el plan de trabajo de esa CRSE?
Esta comisión que busca-mos formar, con participar del MEF, el Minem y Osinergmin, los primeros cuatro meses van a estar enfocados en resolver el tema de la declaración de precios que está en disputa. Lo único que estamos diciendo es por qué se va a aprobar hoy día, no nos apresuremos.

¿Qué posición tiene su sector sobre el tema de la declaración de costos?
Estamos buscando ver si se está proponiendo un cambio de modelo, un cambio del método marginalista, entonces lo que hay que hacer es un estudio que permita determinar cuáles son todas las variables que tenemos para cambiar este método u optimizar lo que podría ser necesario optimizar.

¿Qué enfoque busca darle su sector?
No solamente enfocarse en la aplicación en la declaración de precios, sino también en otros alcances que se necesitan revisar, por ejemplo el tema de peajes, las tasas internas de descuento, que es algo que Osinergmin ha estado requiriendo que se haga una revisión. Por ejemplo, el tema que fue cuestionado en su momento fue las energías renovables, de la potencia firme me refiero. Hay varios temas que tienen que ser vistos de manera integral.

¿Esos cuatro meses que ha mencionado antes para resolver éstos temas en disputa cuándo se cumplirían?
Inmediatamente contrataremos a un primer consultor internacional para esto. Pero es importante decir que hemos venido trabajando, aunque digan que no, nosotros sí estamos trabajando y hemos logrado un financiamiento del BID para esta primera pequeña etapa de cuatro meses. Depende de que podamos cerrar con el BID...

¿Antes de terminar el año podemos tener una propuesta?
Por supuesto, específicamente en este tema. Esta es la manera en que el Gobierno actúa, de manera imparcial, sin jugarnos a favor de ningún grupo de las empresas. Acá lo que necesitamos es fortalecer nuestro sistema eléctrico, ser más competitivos, ser atractivos para más inversionistas, pero siempre cuidando no afectar al usuario regulado ni al cliente libre.

¿Cuáles han sido las prioridades de su sector en el tema eléctrico?Nuestras prioridades han sido el 2018 y 2019, por ejemplo, la electrificación rural, llegar con electricidad a a más peruanos con precios accesibles. Estamos avanzando de manera decidida. Nuestra prioridad ha sido resolver algunos temas específicos, pero no ha sido intervenir en una disputa económica entre grupo de empresas.

¿Es sólo una disputa entre empresas?
Hoy día es una disputa entre un grupo de empresas, no está esto orientado a beneficiar al consumidor.

¿Hay alguna empresa de las que reclaman un cambio que puede estar en riesgo si situación financiera, que pueda quebrar?
Hay empresas que probablemente no tienen las utilidades que habían proyectado, pero hay otras del mismo grupo que apoyan esta iniciativa que tienen una buena posición económica. Parte del tema tiene que ver con la gestión comercial que han desarrollado en la celebración de contratos en las ventas de sus energías. Pero en todo caso, el MEM está dispuesto a hacer esta revisión de este reclamo que un grupo de empresas ha presentado.

Cuando habla de revisión es escuchar, porque ellos consideran que se tiene que cambiar el tema de la declaración.
Eso es parte de lo que nosotros proponemos. Acá no se trata de que el Congreso, sin considerar todas las variables, pueda hacer un cambio que desnaturaliza algo que ha funcionado por 20 años. Para hacer un cambio de esa naturaleza, lo que hay que hacer es revisar todos los efectos que esto podría generar porque tampoco podemos dar la impresión que queremos beneficiar a unas sobre otras, al margen de realmente lo que se tiene que buscar, cómo logramos una reducción de tarifas. Acá sí existe el riesgo...

¿Es el objetivo del ministerio, lograr una reducción?
El objetivo que tiene el ministerio con la revisión integral del sistema es lograr tarifas más accesibles y más económicas para el usuario regulado y evidentemente ser competitivos y atractivos para las inversiones del sector que nos garantice el recurso, la electricidad para nuestro desarrollo y crecimiento.

Cuando se da esta controversia en el Congreso con las iniciativas que se presentan, por ejemplo, la comisión de energía y minas discutió un proyecto en el cual contemplaba mitigar con una compensación para un grupo de empresas, pero Osinergmin creo y el MEM opinó en contra ¿Por qué?

Era un proyecto muy similar al de la comisión de defensa al consumidor. La única diferencia era que esta desnaturalización del sistema marginalista iba a tener vigencia dentro de dos años. Cualquier cambio que vayamos a proponer hace sentido que haya un plazo de adaptación, un plazo de transitoriedad, eso es recomendable, pero no desnaturalizar digamos sin medir absolutamente todas las consecuencias esta metodología.

Los proyectos de ambas comisiones eran iguales, pero el de Energía y Minas incluía una compensación para mitigar esa desnaturalización, una suerte de subsidio.

Definitivamente ese segundo proyecto de la comisión de energía y minas, nosotros nos opusimos porque desnaturalizaba, pero también porque el ahorro de estos 0.50 céntimos, en lugar de ir al bolsillo del consumidor iba al bolsillo de las empresas que estarían siendo afectadas por este cambio o desnaturalización del sistema, con lo cual tampoco estábamos de acuerdo. Por eso manifestamos que no era el mecanismo adecuado.

Fíjese, nosotros al final como Gobierno lo que estamos haciendo es trabajar en la mejora del sistema eléctrico, nuestras prioridades han sido en el 2018 y 2019, por ejemplo, la electrificación rural, llegar con electricidad a a más peruanos con precios accesibles. Estamos realmente avanzando de manera decidida. Nuestra prioridad ha sido resolver algunos temas específicos, pero nuestra prioridad no ha sido intervenir en una disputa económica entre grupo de empresas.

RER

Sobre las empresas generadoras con tecnologías renovables no convencionales (RER) salió una denuncia en un medio a cerca de un proyecto que lo vinculaba a usted con su labor profesional antes de ser ministro.   
Cuando yo he sido... he estado en el sector privado, yo he estado en minería, he sido director en empresas eléctricas y sí he impulsado la inversión en energías renovables. Y lo que he encontrado en el ministerio fue una iniciativa que viene de años atrás con informe técnico de años atrás, y lo único que hicimos es poner en una prepublicación lo que ya encontré, que favorece a todo el sector eléctrico que quiera invertir en energía renovable.

Eso es lo que nosotros buscamos y es una política de gobierno que hacia el 2030 tengamos un mercado de generación de energías renovables no convencionales.

¿Se suspendió la subasta para este año?
Las subastas no se están dando, la última fue la cuarta, hace un par de años, incluso más. Nosotros consideramos hoy día dados los costos de inversión que se han ido optimizando en las renovables, las tecnologías han reducido el precio, en las últimas subastas que se dieron, los montos en los cuales se adjudicaron las subastas eran muy competitivos con la generación convencional, entonces seguir creando subastas que solo incrementan la prima RER afectando al consumidor o usuario regulado, consideramos que no es necesario porque ya las empresas de renovable, la generación de energía renovable no convencional, puede competir.

¿Este año no va a haber?
Este año no está previsto. Pero justamente, habiendo recibido estas propuestas de potencia firme para las renovables, lo que hicimos en mi gestión fue dar a conocer la propuesta normativa trabajada desde antes, no es algo que yo haya creado, nadie me puede decir que yo creo normas para beneficiar una actividad que yo he tenido en el pasado, lo que yo estoy haciendo es llevar adelante una política de gobierno para promover energías renovables, aprovechando el recurso que tiene nuestro país , vientos y solar.

Las Claves

1. CRSE. La Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE) comprende tres fases, según el Minem.

2. Etapa I. En 4 meses la CRSE planteará solución al esquema de declaración de precios del gas para generación.

3. Etapa 2. En no más de 6 meses la CRSE revisará las reglas del despacho de unidades de generación, los mecanismos de promoción de RER y las tasas de actualización que rigen el sector.

4. Etapa 3. Abarca más de 12 meses, contempla medidas de mediano y largo plazo para una nueva reforma sostenible del modelo regulatorio del sector.

El Congreso ha sido sorprendido con este tema, dudo que esto le corresponda verlo a la Comisión de Defensa del Consumidor.


Detrás de esta iniciativa (Ley Alcalá) hay intereses económicos
de un grupo de empresas.


Acá no tienen nada que ver los usuarios o que se vaya a beneficiar a los consumidores eléctricos.


Con el proyecto, existe el riesgo de que se pueda perjudicar a pequeñas y medianas industrias con un incremento de su tarifa eléctrica.


Algunas empresas en sus políticas comerciales se equivocaron y esos errores pretenden cobrárselo a otro grupo de empresas.


Hay que enfocarse no solo en la declaración de precios, sino también en, por ejemplo, el tema de peajes (de transmisión eléctrica).