Fiscalía pide investigar penalmente a 16 empresas por el caso “club de la construcción”

El Ministerio Público decidió dar un paso más en el caso el “club de la construcción”. El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la jueza María de los Ángeles Álvarez que se incorpore penalmente en la investigación a 16 constructoras peruanas y extranjeras (ver tabla). Así lo revela el documento fiscal al que accedió Gestión.

Ya hay 14 empresas incorporadas como terceros civilmente responsables por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, con el fin de cobrar una reparación civil en un eventual juicio. Sin embargo, la Fiscalía ahora amplía investigación a 17 compañías y demanda información a un total de 31 (ver tabla).

Las consecuencias

¿Qué significa esto? Fuentes judiciales indicaron a este diario que si la jueza aprueba incorporar penalmente a las empresas, sufrirán consecuencias legales. Por ejemplo, si son declaradas culpables se podría imponer una multa, así como disolverlas o impedirles de contratar con el Estado.

Para el abogado penalista Carlos Caro, si la jueza aprueba el pedido, algunas que no estén en los dos primeros niveles de la Ley N° 30737, estarán impedidas de contratar con el Estado.

En el primer nivel están empresas que admitieron ilícitos como Odebrecht, en el segundo, las exsocias de las empresas que cometieron delitos, mientras que en el tercer nivel, las empresas que solo son investigadas por corrupción por la Fiscalía. Juárez también decidió ampliar la investigación preparatoria contra Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi y otras 14 empresas (ver tabla).

Pedidos de información

Germán Juárez también solicitó información de las 31 empresas que están bajo sospecha en el proceso de investigación (ver tabla).

En este caso, se les pide que respondan si de manera unilateral o conformando un consorcio, mantuvieron una relación con Rodolfo Prialé de la Peña, Luis Prevoo Neira, Guillermo Corrales Escobar y otras nueve personas, entre naturales y jurídicas.

Toma de declaraciones

Adicionalmente, se encomendó al equipo especial de la División de Investigación Policial, bajo la dirección de fiscal, para que este mes reciba la declaración testimonial e indagatoria de José Graña y otros tres ejecutivos de Graña y Montero S.A.A.; Pedro Rodríguez Martinis y otros nueve ejecutivos de Mota –Engil, entre mayo y junio.

En junio, de César Castillo y otros cinco funcionarios de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.; de Luis Carrasco y otros dos implicados de Construcción y Administración S.A. – CASA.

Y finalmente en julio, de Manuel Juárez y otros tres implicados de Constructora Málaga Hermanos S.A; de Sonia Parra y Martín Plaza de Grupo Plaza; y de Luciano Bezerra y tres ejecutivos de Queiroz Galvao S.A., Sucursal del Perú.

En total, se recibirán declaraciones de 30 ejecutivos del “club de la construcción”.

La organización criminal

La Fiscalía elaboró la estructura de la presunta organización criminal del club y sus respectivos roles. De acuerdo al documento, el primer componente constituido por constructoras nacionales y extranjeras. Sus representantes determinaban qué empresas ganarían licitaciones convocadas por Provías Nacional (ver tabla).

Se indica que también determinaban qué empresas serían los otros postores, pero sin expectativas de ganar. Es decir, acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a las del eventual ganador. Esto con el fin de dar visos de regularidad a las licitaciones.

Reunión y acuerdos

Según la Fiscalía, estas coordinaciones se realizaban en el lobby bar del Swissotel, el restaurante Balthazar, las oficinas de Capeco y oficinas de las empresas. Añade que las decisiones eran transmitidas a Rodolfo Prialé de la Peña o Carlos García Alcázar, y estos lo comunicaban a Provías.

Juárez indica que los miembros del club acordaron pagar un monto ilegal por las convocatorias de Provías. Esto es el 3% del costo directo de las obras. Esto habría sido pactado con José Castillo Dibós, Manuel Alonso Tejeda Moscoso, Marco Aranda Toledo y José Paredes.

Se distribuía así: 2.35% para Carlos Paredes Rodríguez, entonces ministro del MTC (vía José Paredes Rodríguez y Carlos García Alcázar), 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña y 0.5% para miembros del comité de contratación, reza el folio.

Pagos a un ministro

El fiscal presume que el club acordó que el monto acordado a pagar sería entregado a Carlos Paredes, entonces titular del MTC, esto vía Prialé de la Peña de manera directa por transferencias interbancarias en el marco de contratos inexistentes. “Se dieron sumas de dinero considerable a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, se lee en el documento.

Contratos ficticios

El segundo componente de la red está constituido por Rodolfo Prialé de la Peña. Según la Fiscalía, este era el representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por Carlos García.

Añade que este canalizó los pagos hechos por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso Medina, quien le dio celulares para hacer coordinaciones. También lo ayudó Luis Humberto Prevoo Neira, entonces gerente general de Lual Contratistas Generales. Esta empresa figuraba en los contratos ficticios que celebraban las constructoras del club.

Funcionarios del MTC

Este tercer componente estaría conformado por funcionarios del MTC y José Paredes Rodríguez. Según la Fiscalía, Carlos Paredes habría recibido desde octubre del 2011 a julio del 2014 un total de US$ 17 millones.

El documento señala que el exministro Paredes Rodríguez, quien por medio de su hermano y Carlos García concertó que los miembros del club obtendrían la buena pro de las licitaciones promovidas por Provías Nacional.

“Aprovechó su poder jerárquico que le daba ser ministro del MTC y actuó de operador de Carlos García Alcázar”, se lee en el documento del Ministerio Público.

Según la Fiscalía, limitó la participación de otras empresas no involucradas en la supuesta organización criminal y velaba por los intereses del club.

La Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de José Paredes Rodríguez y otros 15 investigados por corrupción.

Se pidió levantar el secreto bancario de todos los consorcios formados por constructoras del 2011 al 2014 que ganaron buen pro en Provías Nacional.

existen cinco sanciones

¿Cuál sería el efecto de incorporar a las empresas a la investigación penal?
El penalista Carlos Caro explicó que la incorporación solicitada por el fiscal para 16 empresas tiene dos niveles.
En primer lugar, para ser investigadas a nivel de la Fiscalía; y como segundo efecto, para poder aplicar la sanciones previstas en el artículo 105 del Código Penal, que establece las sanciones para las personas jurídicas.
Por esa razón se realiza el pedido ante el juez, y se debe realizar una audiencia para que las empresas se defiendan.
En caso de condena se podría ordenar hasta cinco sanciones: la clausura de locales, de forma temporal (máximo de cinco años)o definitiva; la disolución y liquidación de la empresa; la suspensión de las actividades de la sociedad no mayor a dos años; la prohibición a la empresa de realizar actividades donde se haya cometido, favorecido o encubierto el delito (no mayor a cinco años si es temporal o definitiva), y la multa entre 5 hasta 500 UIT.

otrosí digo

Piden prisión preventiva contra 4 ejecutivos
“Club de la construcción”. El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pidió 18 meses de prisión preventiva para cuatro ejecutivos del denominado ‘club de la construcción’: José Paredes Rodríguez (hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes); José Castillo Dibós (expresidente de IGGSA); Édgard Ricardo Unzueta Zegarra (representante de Andrade Gutierrez); y Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales).

Entre las sanciones que establece el Código Penal esta la multa entre S/ 21 mil a S/ 2.1 millones; suspensión, clausura disoluciones y otros.