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De un total de 125 conflictos socioambientales en el país, 78 están vinculados a la actividad minera: 63 activos y 15 latentes, informó Luis Alberto Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
En detalle, solo el 12% de los conflictos socioambientales mineros son por oposición al inicio y desarrollo de actividades mineras, el resto se vincula a actividades que ya están en desarrollo o producción. Además, 42 casos se encuentran en diálogo, donde el 40% inició esta etapa tras un hecho de violencia.
A pesar de lo mencionado, Alvarado agregó que “de acuerdo con los registros oficiales del Gobierno nacional, más del 50% de los compromisos todavía están en vías de cumplimiento, es decir, no se han cumplido”. Precisó que se trata de compromisos estatales y de las empresas, dentro del proceso de diálogo.
“Para la Defensoría, es importante que se dé un tratamiento a esto y también un sinceramiento. Estamos ad portas de un nuevo año, nuevamente se va a formular el presupuesto público, y es muy necesario un sinceramiento de qué compromisos, dentro de determinados espacios de diálogo, se pueden cumplir. Me refiero a los relacionados a proyectos de inversión pública, entre otros”, subrayó.
Recomendaciones
La Defensoría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros la aprobación de una estrategia de gestión de conflictos sociales y el restablecimiento del diálogo en el contexto del covid-19, que implique por lo menos “el fortalecimiento de la confianza mediante oportunas rendiciones de cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos”.
Aparte de renovar el diálogo, se exhortó también al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a que realice una evaluación del nivel de cumplimiento de compromisos de las empresas mineras y lo publique en su portal de forma periódica.
