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(Bloomberg) Puede que España y Portugal hayan sufrido las mismas dificultades durante la crisis de deuda de la zona euro, pero los dos países han tomado caminos distintos hacia la recuperación.
Los índices de crecimiento de España se encuentran entre los más sólidos de la región de 19 países, y la confianza en los pronósticos económicos está fomentando un incremento de las inversiones. Por su parte, Portugal está pagando el precio por dar marcha atrás con ciertas reformas clave. Esto según Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg Bank.
La divergencia entre los vecinos ibéricos comenzó en 2015 cuando el partido socialista de Portugal se hizo con el control del Gobierno con el apoyo de grupos de extrema izquierda, desbancando al partido conservador. Desde entonces el primer ministro de Portugal, António Costa, elevó el salario mínimo y aumentó el número de días feriados y el sueldo de los funcionarios. El crecimiento del país se ha desacelerado y las inversiones han caído.
La compañía de calificación crediticia DBRS ha dicho recientemente que le preocupa la debilidad económica y la falta de voluntad política de introducir reformas en Portugal. Esto supone un problema porque la firma canadiense es la única de las cuatro principales empresas de calificación que considera los bonos soberanos de Portugal aptos para la inversión. Si perdiese ese estatus, la deuda del país no cumpliría los requisitos para ser incluida en el mayor programa de estímulo del Banco Central Europeo, el de compra de activos.
En España, la economía ha ignorado el impasse político que ha dejado al país sin gobierno durante ocho meses. Pese al complicado escenario político tras dos elecciones no concluyentes, ha habido un aumento de las inversiones y un repunte de la creación de empleo, lo que contribuyó a mantener una tasa de crecimiento de alrededor del 3%, el doble de la eurozona y tres veces más que Portugal.
No obstante, España también tiene dificultades por delante. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, se someterá a una votación de investidura el 31 de agosto para obtener un segundo mandato al frente del Gobierno pero aún no cuenta con apoyo suficiente en el Parlamento. Si no consigue ser investido, el país se dirigirá a unas terceras elecciones, con lo que se desviará la atención de la implementación de reformas estructurales muy necesarias y la reducción de un déficit excesivo.