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Servir publicó un nuevo informe mediante el cual indicó que las entidades del Sector Público pueden seguir contratando nuevo personal bajo la modalidad del contrato administrativo de servicios (CAS) en tres casos especificos.
De acuerdo con Servir, se podrá seguir utilizando dicho tipo de contratos para emplear a personal de confianza de la entidad, si se utilizan en contratos de suplencia o si se realizan para cumplir una finalidad transitoria.
Dicha interpretación se hizo en base a la ley aprobada por el Congreso en marzo de este año, la cual prohíbe la contratación de nuevos trabajadores CAS y daba un plazo para la eliminación de dicho régimen, a fin que todos los que se encontraban en el mismo migren a los regímenes regulados por los decretos supremos 728 y 276, los cuales otorgan a los trabajadores mayores derechos laborales.
La ley señala que “el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia”, lo cual Servir ha tomado para indicar que se puede seguir contratando personal CAS bajo dicho tipos de contrato.
Suplencia
Con relación a la contratación por motivo de suplencia, Servir señala “deberá entenderse (a la suplencia) como aquella destinada a reemplazar la ausencia temporal del titular de un puesto”. Por otro lado, señalan que los contratos realizados con una “finalidad transitoria” deben tener dicha finalidad contemplada en una norma con rango de ley, como un decreto de urgencia.
Cabe indicar que en la actualidad, existe una demanda de inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Congreso presentada por el Poder Ejecutivo. Pese a discursos dados durante la campaña en contra del régimen CAS por parte de partidarios de Perú Libre, el presidente Pedro Castillo aún no muestra iniciativa de allanarse a la demanda.
Por otro lado, la presidenta de la comisión de trabajo del Congreso, Isabel Cortez, señaló que lucharía contra el uso de los contratos CAS por lo que sería posible que presente un nuevo proyecto de ley para que los tres supuestos señalados por Servir no se puedan utilizar.
PARA RECORDAR
Costo. El Poder Ejecutivo calculó que la ley 31113, la cual elimina progresivamente el régimen CAS, tendría un costo de implementación de S/4,200 millones, ya que implicaría la transición de régimen de 3,400 funcionarios públicos a regímenes que otorgan mayores derechos laborales y contratos a plazo indefinido, por lo que demandaron su inconstitucionalidad.