Bloomberg. Un tribunal federal en Brasil suspendió una medida que permitía la venta de la empresa de servicios públicos Eletrobras, subrayando los obstáculos que enfrenta el gobierno para implementar su plan de privatización.

El fallo, emitido por el Tribunal Federal en el estado nororiental de Pernambuco, suspendió una medida provisional que allanaba el camino para que Brasil vendiera Eletrobras.

El Ministerio de Energía no fue consultado antes sobre la decisión y apelará, dijo Paulo Pedrosa, secretario ejecutivo del ministerio.

"La suspensión se resolverá muy rápido", dijo por teléfono. "El objetivo de la privatización es fortalecer a Eletrobras, que ha estado perdiendo valor durante muchos años y se está volviendo irrelevante en su negocio".

La decisión se produce en medio de un creciente malestar en torno a la venta de la empresa estatal, un acuerdo que el gobierno espera concretar este año, antes de las elecciones presidenciales de octubre. Eletrobras fue la joya de la corona del programa de privatización presentado el año pasado, el más grande en una década con 57 proyectos destinados a subasta.

En ese momento, el gobierno dijo que esperaba recaudar al menos 40,000 millones de reales (US$ 12,400 millones) para diciembre de 2018, una cantidad que ayudaría a equilibrar las finanzas drenadas por la recesión más profunda de la historia y un escándalo de corrupción generalizado.

Medida provisional
El 28 de diciembre el presidente Michel Temer firmó la medida provisional que permitió el inicio del proceso, pero los legisladores -que están en receso hasta febrero- abordarán primero la controvertida revisión del sistema de pensiones del país, dijo la semana pasada el ministro de Asuntos Gubernamentales, Carlos Marun.

El presidente de la cámara baja Rodrigo Maia dijo que no votará sobre la privatización hasta que los legisladores reciban más detalles a través de un proyecto de ley adecuado.

La ventaja de la medida provisional, que a diferencia de un proyecto de ley entra en vigencia de inmediato, es proporcionar cobertura legal para algunas decisiones que se tomarán mientras no se apruebe el proyecto de ley que detalla la venta, como la contratación de consultores.

El proceso de privatización tiene un calendario desafiante y debe concluir en 2018, dijo Pedrosa.

El Tribunal Federal tomó su decisión sobre la base de la percepción de que el gobierno estaba avanzando en un tema clave sin someterlo a debate en el Congreso, lo que "simplemente no es cierto", dijo Pedrosa.

El Ministerio de Energía presentará una declaración legal explicando los motivos de la privatización de la compañía eléctrica, dijo, incluyendo que el gobierno federal no puede inyectar los fondos necesarios para que la compañía siga siendo competitiva.

Un proyecto de ley que detalla el proceso de privatización, que ha estado en la Oficina del Jefe de Gabinete desde diciembre, es un hito importante para la continuidad del proceso de privatización, según Pedrosa. La suspensión del jueves no afecta el envío del proyecto de ley.

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