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Con la promulgación del Decreto Legislativo 1396, el Poder Ejecutivo ha complementado técnicamente la normativa sobre libre competencia. “La norma modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas”, explica Luis José Diez Canseco, decano de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP.


Los ajustes normativos se inspiran en el compromiso de promover la inversión privada. Su propósito es asegurar la adecuada interacción de la oferta y la demanda con objeto de que no se vea distorsionada por actuaciones anticompetitivas que afectan el bienestar de los consumidores y que limitan el acceso a los mercados.


Adicionalmente, estas modificaciones van en línea con el conjunto de medidas que debe adoptar el Perú para viabilizar el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).


“Con las precisiones y adiciones adoptadas en el Decreto Legislativo 1396, el Perú se encamina firmemente hacia un mercado donde se nivela el piso de juego, además de que se está brindando una señal positiva a la comunidad nacional e internacional de inversionistas en el sentido de que el Perú respeta la libre competencia y que sanciona a aquellas empresas que la incumplen”, añade Diez Canseco.

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