¿Regular Facebook? Una idea que cobra fuerza

"El gobierno de EE.UU. no debe regular los medios sociales. Debe mantenerse alejado de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y demás. Cualquier esfuerzo regulatorio iría en contravía de la Primera Enmienda de la Constitución. Aunque fuera inconstitucional, reprimiría la creatividad y la innovación en los espacios donde más se necesitan".

Hasta hace poco, yo habría apoyado cada frase del párrafo. Sin embargo, como lo dijo alguna vez Baron Bramwell, el juez inglés: "ahora no considero el asunto como parece que lo consideré en ese entonces".

El argumento sobre maneras enfocadas de regulación federal, que respeten la Primera Enmienda, aún no es decisivo pero se está fortaleciendo cada día más.

La primera razón, y la más fundamental, tiene que ver con la democracia en sí. Todos sabemos que los gobiernos extranjeros, sobretodo Rusia, han utilizado las redes sociales de manera agresiva para promover sus intereses.

Antes de las elecciones del 2016, los agentes rusos se esforzaron por dividir a los estadounidenses e influenciar sus votos. Lograron llegar a 126 millones de usuarios Facebook y publicaron más de 131,000 mensajes en Twitter.

Cualquiera que sea el impacto de los esfuerzos rusos, la interferencia extranjera en las operaciones de nuestra democracia es intolerable. Dado que otras naciones, no solo Rusia, tienen mucho que ganar y capacidades tecnológicas cada vez mayores, es probable que el problema empeore.

Está claro que las redes sociales pueden actuar y reducir el problema. Facebook ha eliminado cientos de páginas relacionadas con propaganda incitada por Rusia y existe evidencia que confirma que las medidas correctivas están teniendo buenos resultados.

Sin embargo, dado que los riesgos son tan altos, no queda difícil justificar la regulación federal. Si bien la interferencia extranjera es el problema más obvio de la ecuación, vale la pena empezar a explorar qué se puede hacer para hacer frente a todos los "trucos sucios" de las redes sociales -por ejemplo, a través de la creación de páginas y cuentas falsas para difundir falsedades con el fin de lograr metas electorales.

El segundo problema tiene que ver con la protección del consumidor. A la luz de los recientes abusos, es importante considerar si adoptar o no algún tipo de declaración de derechos cuyo objetivo sea proteger contra la revelación indeseada o desconocida de datos personales. Las plataformas prominentes de redes sociales ya informan a los usuarios cómo podría ser utilizada su información, pero dichas revelaciones no son precisamente transparentes.

El tercer problema está relacionado con la ley antimonopolio. ¿Es Facebook una especie de monopolio? De ser el caso ¿debería someterse a la regulación como lo que los economistas llaman "monopolio natural", que existe cuando el mercado puede soportar de manera eficiente a un solo proveedor (como es el caso de proveedores de servicios de electricidad)?

En verdad son preguntas difíciles, y son más complicadas aún porque Facebook no emite cobros a sus usuarios. Sin embargo, el simple tamaño de la plataforma -que se potenció con la adquisición de Instagram y WhatsApp- significa que los reguladores deben considerar de manera más detenida cómo la ley antimonopolio podría aplicar a situaciones que en algún momento fueron inimaginables.

En muchos aspectos, el crecimiento que han tenido las redes sociales es análogo al crecimiento de la radio y la televisión, las cuales inspiraron la creación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) en 1934. Se destaca que la FCC fue establecida como una agencia "independiente".

Esto significa que, a diferencia de los jefes de departamento del gabinete, sus cinco miembros no están sujetos al control diario de la Casa Blanca. Tampoco se les puede despedir sencillamente porque el presidente no está de acuerdo con sus decisiones de política.

En cuanto a las comunicaciones, tiene sentido gozar de un cierto grado de independencia. Sería peligroso si cualquier presidente pudiera otorgar licencias de difusión a sus amigos y negarlas a sus enemigos -o si pudiera supervisar decisiones relativas a compañías que ofrecen información o perspectivas que el presidente podría detestar.

Estos puntos justifican una firme conclusión: si los oficiales federales van a regular los medios sociales, deberían ser independientes del presidente. El camino más sencillo sería otorgar una nueva autoridad a la FCC y no a una agencia totalmente nueva, aunque valdría la pena considerar esta opción.

En este contexto, debería existir una presunción contra autorizaciones y prohibiciones. La herramienta regulatoria más importante es una herramienta modesta: la transparencia. Por ejemplo, los reguladores podrían tener la potestad de exigir al proveedor de la red social la entrega de informes periódicos que revelen lo que están haciendo para proteger la privacidad del consumidor o para reducir las amenazas a los procesos democráticos.

Los reguladores también deben contar con la autorización para analizar los esfuerzos que se despliegan actualmente para garantizar que son adecuados -y requerir que se ejecuten pasos para reparar en caso de no ser adecuados.

Estas propuestas son una invitación al debate, no un proyecto. Sin embargo, cada vez es más claro que, debido a su complejo rol en la sociedad y su poder masivo, las plataformas de redes sociales pueden perjudicar los objetivos democráticos y económicos. Ahora debemos preguntarnos: ¿qué vamos a hacer al respecto?

Por Cass Sunstein