Redacción Gestión

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(Bloomberg) Transcurrido un año desde que el gigante petrolero brasileño, Petróleo Brasileiro, redujo en US$ 2,100 millones el valor en libros debido al escándalo por corrupción de gran amplitud conocido como Lavadero de Autos (Lava Jato), otra compañía estatal va acercándose a anunciar el precio de sus pérdidas por coimas.

El equipo de abogados y especialistas contratado por Centrais Eletricas Brasileiras SA ha terminado la mayor parte de su investigación para evaluar la magnitud de las pérdidas por actos de corrupción cometidos por algunas constructoras que la compañía contrató, según una persona al tanto del tema que no está autorizada a hablar públicamente y pidió no ser identificada.

Antes de terminar su trabajo, el grupo necesita una pieza más del rompecabezas: el testimonio brindado ante los fiscales federales el mes pasado por ejecutivos de Andrade Gutiérrez SA, una firma constructora que trabajó en proyectos clave, desde la represa Belo Monte en las profundidades de la selva amazónica hasta la planta nuclear Angra enclavada en la bahía de Río de Janeiro, dijo la persona.

La declaración probablemente se dará a publicidad en las semanas venideras cuando los fiscales la envíen al juez de la Corte Suprema para refrendar esta semana, dijo una segunda persona con conocimiento directo del proceso. Los ejecutivos, que admitieron haber pagado sobornos para conseguir contratos lucrativos de Petrobras, obtuvieron sentencias acordadas de conformidad por brindar testimonio sobre las pérdidas por coimas, inclusive en Eletrobrás, como se conoce a la empresa de servicios eléctricos, dijeron las dos personas. La oficina de prensa de Andrade se negó a hacer declaraciones.

Si bien la estrategia de sobornos en Petrobras estalló públicamente y recibió prácticamente cobertura diaria en todos los grandes diarios de Brasil, la saga que se desarrolla en su homóloga del sector eléctrico se ha desplegado en gran medida lejos de los reflectores internacionales. La investigación más amplia contribuyó a hacer caer a Brasil en su peor recesión en un siglo y paralizó sus instituciones políticas.

La oficina de prensa de Eletrobrás en Río de Janeiro, donde tiene su sede la empresa, no respondió a consultas.

Casi una docena de ejecutivos de Andrade prestó declaración el mes pasado durante cinco días y al menos dos de ellos describieron una estrategia ilegal de pagar para participar en proyectos de energía como Belo Monte, que es controlado por una unidad de Eletrobrás, dijo una de las personas. Según el testimonio, los constructores aceptaron pagar coimas equivalentes al 1% del valor de 15.000 millones de reales (US$ 4,200 millones) del proyecto, que luego fue supuestamente canalizado a partidos políticos –el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño- como donaciones oficiales, dijo la persona. El PT y el PMDB han negado en reiteradas oportunidades las acusaciones de haber cometido actos indebidos.

El equipo legal de Eletrobrás, que es encabezado por el estudio británico-estadounidense Hogan Lovells y la firma brasileña WFaria Advogados, avanza contra reloj para poner un precio a sus pérdidas derivadas de los sobornos. La Comisión de Valores estadounidense (SEC) fijó el 18 de mayo como plazo para que Eletrobrás presente sus largamente postergados informes financieros de 2014.

La empresa de servicios eléctricos pospuso tres veces la presentación desde abril de 2015 cuando su auditor, KPMG LLP, se negó a firmar el informe completo a menos que se incluyeran las reducciones de valor por corrupción, dijo una de las personas.

Si bien Eletrobrás tiene pensado cumplir con el plazo del 18 de mayo, cualquier nueva alegación de los ejecutivos de Andrade podría obligar a la empresa a pedir más tiempo para seguir investigando el tema, dijo la persona.

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