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Con la reactivación económica en sus fases iniciales, el reto más importante que afronta el Ejecutivo y la sociedad peruana para evitar el contagio del COVID-19 es el distanciamiento social en el transporte público. Desde el Estado ya se han planteado los protocolos en los que se establecen límites a la capacidad de pasajeros de las unidades vehiculares con el objetivo de que los pasajeros puedan sentarse de manera distanciada y así evitar las aglomeraciones.
Por el lado del transporte público que se encuentra bajo el Sistema Integrado de Transporte (SIT) en Lima y Callao, la situación parece estar bajo control. Corredores complementarios, Línea 1 y Metropolitano recibirán subsidios por parte del Estado con cargo a limitar su capacidad de pasajeros. Sin embargo, estos medios de transporte solo realizan cerca de un 20% de los viajes diarios que se realizan en Lima y Callao.
El 80% de los viajes de Lima y Callao están en las cousters, combis y buses de las rutas del transporte público tradicional. En ese sentido, Gestión.pe conversó con Héctor Vargas, vocero de la coordinadora de empresas de Transporte Urbano, un gremio que agrupa, a su vez, a seis gremios más. En total, son más de 350 rutas y unas 20,000 unidades vehiculares las que se han unido para buscar una salida a la inviabilidad del transporte urbano en tiempos de COVID-19.
Vargas indicó que desde el gremio de transportistas vienen sosteniendo reuniones con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) con el objetivo de presentar y alinear una propuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que permita subsidiar las tarifas de todos los usuarios. Vargas aseveró que su gremio está de acuerdo con los protocolos establecidos, sin embargo consideró necesario evaluar alternativas que permitan al menos cubrir los costos operativos del transporte.
“Estamos de acuerdo con los protocolos que nos ha dado la autoridad en los se nos está diciendo que debemos guardar un distanciamiento social, pero esto significa que vamos a llevar una menor cantidad de pasajeros. Obviamente no vamos a poder cubrir los costos operativos, ni siquiera estamos hablando de utilidad”, manifestó Vargas.
Según explicó, operar sin subsidios implicaría que los pasajes cuadrupliquen su precio, lo cual afectaría más a los usuarios. Vargas consideró como un objetivo central el hecho de que se establezca un subsidio a la tarifa, pero a su vez que esto esté acompañado de otras medidas para reducir los costos operativos de los transportistas.
“Con las condiciones que nos están poniendo, la tarifa podría subir en un 300%. No queremos que la tarifa se traslade al usuario porque ya está golpeado. Lo que queremos es que el Gobierno asuma el subsidio al público usuario para que no pague una cantidad mayor, sino el mismo precio. Creemos que se debe acompañar de otras medidas como la reprogramación de la deuda que tienen las empresas por la compra de unidades o una moratoria por un plazo de tiempo, pero con la garantía del Estado porque en este contexto no vamos a ganar dinero. Además, solicitamos estabilidad jurídica porque tenemos autorización solo hasta el mes de octubre”, señaló el vocero del gremio de transporte urbano.
Incluso, Vargas no descartó que sea beneficiosa una devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que actualmente tiene el diésel para reducir costos operativos al transporte.
El representante de los transportistas manifestó que también se debe establecer un plan para controlar el aforo de los buses. Si bien dijo que hay compromiso por cumplir el protocolo, también se necesita que se establezcan paraderos en las rutas con el objetivo de que la gente forme filas y los buses no estén parando en todas las esquinas.
“Se pone un paradero autorizado y le pediríamos a la autoridad que ponga a un inspector de ATU o Policía para que se cumpla con el aforo necesario porque la gente se atropella e intenta subir. Nosotros vamos a cumplir con el aforo que ha señalado la autoridad”, indicó el vocero de la coordinadora de empresas de Transporte Urbano.
Vargas finalizó diciendo que el subsidio es un tema urgente para el sector y que este debe canalizarse a través de fórmulas por recorridos directamente a los propietarios de los vehículos de transporte urbano. En ese sentido, consideró que bajo este modelo también existiría una oportunidad para acabar con el sistema de afiliaciones en el transporte urbano tradicional con las llamadas ‘empresas cascarón’.
“Estamos proponiendo que esto sirva como un mecanismo para que caminemos mañana hacia un escenario en el que las empresas administren y sean dueñas de la flota, que es el gran problema que tenemos al día de hoy, y así acabar con las afiliaciones y con este sistema pernicioso en el que el conductor hace lo que le da la gana porque las empresas no ejercen control de las unidades. Proponemos que no solo sea subsidio, sino que las empresas asuman el papel que les corresponde de hacer mantenimiento a la unidad, contratar al conductor, registrarse y todos los elementos que como empresarios debemos de tener”, indicó Héctor Vargas, de la Coordinadora de empresas de transporte urbano.