PDVSA, Venezuela (Foto: Reuters)
PDVSA, Venezuela (Foto: Reuters)

El gigante petrolero estatal de Venezuela no construyó defensas que pudieran evitar que congelara sus activos después que las sanciones de Estados Unidos hicieron que su estudio de abogados externo redujera drásticamente su personal en Caracas.

Acosada por el caos político y financiero en su país, nunca tomó las precauciones habituales de los deudores empresariales en problemas, como la de proteger las cargas del embargo. PDVSA también carece de la inmunidad soberana de un Gobierno nacional que ha ayudado a otros a demorar los cobros en el pasado.

El resultado es que Conoco pudo avanzar a la velocidad de la luz para comenzar a hacer cumplir el laudo de arbitraje de US$ 2,000 millones que obtuvo el mes pasado congelando las exportaciones de petróleo de PDVSA en los puertos del Caribe. Es un resultado que marca un fuerte contraste con la épica batalla de 15 años que libraron los acreedores contra Argentina en este siglo.

“Si uno está acorralado de ese modo, no le queda margen para un gran regateo”, dijo Francisco Monaldi, experto en política energética de América Latina de la Universidad Rice de Houston. “Las únicas opciones reales” de PDVSA son buscar un acuerdo político con el Gobierno estadounidense” o renunciar por completo a los mercados estadounidense y europeo”.

Los problemas de contribuyeron a llevar los precios del petróleo al nivel más alto en más de tres años. Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo el miércoles que las acciones legales de Conoco no constituyen un problema. “En el mercado mundial hay suficiente oferta de petróleo a la que los países pueden acceder”, expresó el portavoz Vincent Campos en un correo electrónico.

Hogan Lovells International LLP es el bufete de abogados con sede en Londres y Washington que en el pasado asesoró a PDVSA en materia de refinanciación, reestructuración de deuda y otros temas. Tras las sanciones estadounidenses del año pasado, la firma redujo drásticamente su presencia en Caracas y limitó el trabajo para los clientes venezolanos, según tres personas con conocimiento del tema.

Los llamados a una portavoz de Hogan Lovells no fueron devueltos en forma inmediata. La oficina de relaciones con los medios de PDVSA tampoco devolvió los llamados el miércoles.

En abril, un tribunal internacional ordenó a PDVSA pagar US$ 2,040 millones en relación con la nacionalización de los activos de Conoco en el 2017. Desde entonces, Conoco, que tiene su sede en Houston, obtuvo fallos que congelaron las exportaciones de PDVSA a las islas caribeñas de Bonaire, Curaçao, Aruba y San Eustaquio.

Con vistas a extender la presión a otras regiones, la empresa de exploración petrolera independiente más grande del mundo ahora ha presentado demandas en Hong Kong, París, Londres y Nueva York, informó el máximo responsable Ryan Lance el martes.

En el Caribe, Conoco obtuvo órdenes judiciales que dispusieron que el petróleo venezolano no saliera de las terminales de exportación locales, a la espera de una revisión legal. Las islas son excolonias holandesas y todavía forman parte del Reino de los Países Bajos, cuyo sistema legal está relativamente dispuesto a aceptar estos casos de embargo, según Monaldi de la Universidad Rice.

PDVSA no erigió estructuras legales que podrían haber impedido el embargo de sus petroleros, según Monaldi. No ha tratado de vender los activos vulnerables ni ha elaborado contratos “free-on-board” que determinan que la carga ya no pertenece a la compañía una vez que deja sus costas, agregó.