Graña y Montero
Graña y Montero

Uno de los indicios usados por la Fiscalía para involucrar a las compañías peruanas exsocias de Odebrecht en la supuesta coima para la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, es el cambio en la distribución de las utilidades que generó este proyecto.

Así, la Fiscalía encontró que las exsocias (Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) variaron el porcentaje que les correspondía de utilidades, a cuenta del concepto denominado “riesgos adicionales”, de manera que US$ 15 millones extras fueron a manos de Odebrecht. Este monto sería parte de los US$ 20 millones de soborno pagados inicialmente por la compañía brasileña a Alejandro Toledo, según la tesis de la Fiscalía.

Al respecto, Diego Marrero, Gerente de Inversiones de AFP Habitat, refirió que este tipo de oepraciones “no es usual” en los consorcios.

Por su parte Mario Velásquez, Gerente de Administración de Patrimonios del BCP, explicó que normalmente los “riesgos adicionales” se van provisionando año a año, conforme estos van ocurriendo, y no al final del proyecto, como sucedió en este caso.

“Por ejemplo, en una carretera te encuentras con roca dura y tienes que bordear el cerro. Al final de cada año vas haciendo provisiones de estos mayores costos. Lo que genera cuestionamiento es que el reconocimiento de los riesgos adicionales (en el caso Odebrecht) se han producido varios años después de que se produjeran”, señaló Velásquez en entrevista con Gestión.pe.

Por otro lado, Velásquez restó responsabilidad a la empresa auditora de los estados financieros de , por no detectar estas irregularidades.

“El rol del auditor no va tanto por allí. Un auditor no es un Fiscal, no va a ir a ver si la carretera hizo el giro adecuado”, anotó Velásquez, quien se presentó hoy en el Media Meeting del CFA Society Perú.