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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que dictó una serie de medidas administrativas a la petrolera estatal Petroperú; ello, tras los dos últimos derrames de crudo registrados este mes en la región de Loreto.
En un comunicado, el ente fiscalizador señaló que ha realizado acciones de supervisión ante los vertidos de petróleo ocurridos los días 10 y 16 de septiembre en el Oleoducto Norperuano, que opera Petroperú.
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El primero se registró a la altura del kilómetro 177+670 del Ramal Norte, en la provincia loretana del Datem del Marañón, y el segundo en el kilómetro 42-092 del Tramo I, cerca del territorio de las comunidades nativas de Urarinas y Cuninico, también en la región de Loreto.
De este modo, el OEFA dictó medidas administrativas en el campo para el aseguramiento del área, la instalación de barreras mecánicas, la recuperación del hidrocarburo, la limpieza del área afectada y la gestión de residuos sólidos derivados de las emergencias.
“Las medidas administrativas dictadas son de obligatorio cumplimiento por parte de la empresa, bajo apercibimiento de que se impongan sanciones y multas coercitivas correspondientes”, advierte el OEFA.
Entre sus acciones de supervisión ambiental, el OEFFA también está apoyando el monitoreo de las aguas del margen derecho del río Marañón para determinar los niveles de afectación del derrame.
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El pasado fin de semana, Petroperú se pronunció sobre el último vertido, ocurrido en el río Cuninico. Indicó de que el incidente fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros en el ducto.
La compañía agregó que la tubería afectada se encuentra en el canal de contención bajo agua, a una profundidad de 40 centímetros, y que allí se hizo la constatación y los trabajos de obturación, lo cual quedó registrado en el acta policial.
Petroperú indicó que informó a los organismos reguladores y que se procederá a realizar las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de este hecho que “no solo afectan el ambiente, la seguridad, la salud y la calidad de vida de la población vecina, sino que también afectan al desarrollo y promoción de la industria de hidrocarburos” en el país.
El sábado pasado, la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) pidió al Gobierno garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía afectados por este vertido.
“Teniendo en cuenta la labor de vigilancia y defensa ambiental de la Amazonía que cumplen los pueblos indígenas, el Estado debe garantizar el respeto de sus derechos frente a impactos de las actividades extractivas como los derrames petroleros”, aseguró Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR.
DAR recordó que, entre 2000 y 2019, se registraron 474 derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano debido a la corrosión de los ductos y fallas operativas, en el 65 % de los casos.