Odebrecht cuestiona a socio colombiano que dice que desconocía sobornos

La constructora brasileña Odebrecht calificó hoy de "cuestionable" que su exsocio Corficolombiana desconozca el pago de sobornos en el contrato para la construcción de la carretera Ruta del Sol II que une al centro con el norte de Colombia.

Así lo manifestó la compañía en un comunicado luego de que esta semana Noticias Uno publicara una entrevista grabada en agosto pasado con Jorge Enrique Pizano, interventor de la obra y considerado testigo clave, que falleció de un infarto el pasado 8 de noviembre.

Tres días después su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de España a Colombia para asistir al sepelio de su padre, murió envenenado con cianuro.

En la entrevista, Pizano denunció que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde el 2015, cuando era abogado del Grupo Aval, del que hace parte Corficolombiana, supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II.

La Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) estaba involucrada en la obra a cargo de Odebrecht por medio de Episol, otra empresa del Grupo Aval.

"En sus declaraciones tornadas públicas recientemente, el doctor Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.) ha hecho mención de que habría informado en su momento acerca de dichas irregularidades adicionalmente a otros ejecutivos de Corficolombiana", señaló la compañía brasileña en el comunicado.

Odebrecht agrega que hay investigaciones en curso que involucran a Episol y a Corficolombiana, por lo cual "resulta cuestionable el comunicado de prensa de esta última en el que afirma: 'rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos'".

En la fecha mencionada fue cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó documentos según los cuales Odebrecht pagó aproximadamente US$ 788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

En el caso de Colombia, según ese informe, los sobornos de la multinacional fueron de más de US$ 11 millones, entre el 2009 y 2014, pero la Fiscalía colombiana reveló después que las coimas pagadas ascendieron a 84,000 millones de pesos (unos US$ 27.7 millones).

Con respecto a las revelaciones de Jorge Enrique Pizano, el fiscal general manifestó que éste le llevó en el segundo semestre del 2015 los resultados de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol porque en la "administración" del proyecto no le pusieron cuidado.

Con respecto a una posible solución de los problemas legales que enfrenta, la multinacional aseguró que colabora con las autoridades colombianas, estadounidenses y brasileñas.

"Odebrecht y sus (ex) funcionarios no obstante las significativas consecuencias que ello ha acarreado, han acudido a las autoridades para asumir las responsabilidades que les correspondan, indemnizar al Estado colombiano y denunciar hechos como los que tienen que ver con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato Ruta del Sol II", añade el texto.

La compañía expresa además sus condolencias a la familia Pizano Ponce de León por los dos fallecimientos ocurridos en solo tres días, hecho que ha avivado la indignación de los colombianos con el escándalo de corrupción.

La investigación de la Fiscalía desveló que el cianuro que bebió Pizano hijo estaba en una botella de agua saborizada que éste encontró en el escritorio de su padre en su casa situada en la localidad de Subachoque, cercana a Bogotá.

La confirmación del envenenamiento con cianuro llevó a la propia Fiscalía a investigar si Jorge Enrique Pizano, que sufría de cáncer y según el dictamen oficial sufrió un infarto que le causó la muerte, bebió agua de la misma botella y eso causó su deceso.

El pasado 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, que representan al Estado en el proceso contra Odebrecht, rechazaron una oferta por 106,000 millones de pesos (unos US$ 33.8 millones) de la compañía como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su contra.