Redacción Gestión

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Gonzalo Bracamonte, experto en derecho concursal, señaló que si un entra a La Oroya solicitaría un plazo de treinta meses para implementar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental(PAMA) en el complejo metalúrgico.

" deberá buscar lo más pronto posible a un nuevo operador", manifestó el especialista en RPP Noticias.

La liquidación en marcha –aseguró Bracamonte- no significa necesariamente la desaparición de los puestos de trabajo, sino que simplemente se cambia de accionista y la empresa se mantiene. Sin embargo, es factible que, si el complejo no puede entrar en operación, se prescinda de esa fuerza laboral.

"El problema no es si la emprea se liquida o se reestructura, sino que el complejo metalúrgico no pueda operar por no cumplir con los estándares medioambientales", acotó.

Los trabajadores –explicó Bracamonte- siguen cobrando por un acuerdo al que llegaron los sindicatos con Doe Run. De esta forma, para determinar lo que sucederá con la entrada del nuevo operador, se debe conocer los alcances de estos acuerdos.

PérdidasAsimismo, el experto aseguró que muchos acreedores han perdido más por tener el complejo cerrado que con la deuda acumulada, debido a que se vieron obligados a exportar los minerales para procesarlos.