La Ley Anticorrupción en el Perú tiene como finalidad regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en tanto establece que quienes pueden ser sancionados por la ley son los administradores, representantes legales y contractuales, y los colegios profesionales de la persona jurídica, siempre que esta última desempeñe funciones propias de su cargo.

Al respecto, la consultora KPMG identificó nueve de los principales riesgos asociados a la Ley Anticorrupción, entre ellos está la ausencia de políticas y procedimientos para prevenir y detectar conductas irregulares.

También figuran la administración con desconocimiento de las responsabilidades y legislaciones relacionadas a las situaciones de cohecho y soborno, la ausencia de due diligence en empleados actuales y prospectivos de terceras partes, la ausencia de manual de conducta ética o falta de comunicación del mismo y debilidad en los controles internos.

Otros riesgos identificados fueron la ausencia de herramientas de prevención y monitoreo de operaciones irregulares y auditorias periódicas ineficaces, debilidad en el programa de auditoria interna, inexistencia de protocolos de investigación para tomar medidas disciplinarias o correctivas y falta de análisis del riesgo que implica cada una de las subsidiarias de la empresa.

Al respecto, KPMG recomienda a las empresas o instituciones tener en cuenta tres maneras de defenderse ante una posible acusación por el mencionado delito.

1. La implementación oportuna y eficaz de un programa de cumplimiento normativo en materia penal.

2 La demostración en el proceso de que el individuo infractor empleó maniobras fraudulentas para eludir los controles del modelo de prevención debidamente implementado.3. La prueba de que las personas naturales cometieron el delito de cohecho activo trasnacional (corrupción) en exclusivo beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

Según KPMG, teniendo en cuenta las situaciones de riesgos para las empresas, resulta recomendable que estas sepan aplicar una adecuada administración de los riesgos de fraude, la cual consiste en el diseño implementación y evaluación de programas y planes de prevención de fraude a fin de prevenir, detectar y responder ante los riesgos de delitos y conductas irregulares en las organizaciones.

Indico que la importancia de implementar líneas éticas yace en que su eficacia está demostrada. De acuerdo a un estudio realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), una empresa puede perder el 5% de sus ingresos anuales debido a casos de fraude.

A esto se suma que los costos promedio de fraudes varían dependiendo de si las empresas cuentan con una línea ética o no. "Es así que, como consecuencia de estos delitos, las empresas sin línea ética pueden perder en un año el doble de ingresos que aquellas que sí cuentan con una", anotó la compañía.