Existen elementos "firmes" y basados en los contratos de concesión suscritos entre el Estado peruano y –hace 24 años– por las que se decidió denegar la renovación de dos contratos de concesión para el servicio de telefonía fija y de larga distancia que caducaban el 2027, aseguró a Gestión.pe la viceministra de Comunicaciones,   

El que más peso tuvo fue que la empresa superó el umbral de incumplimientos establecidos por los propio contratos, por la que el Estado tenía la prerrogativa de negarle renovación del plazo solicitado. La empresa pedía la extensión de los contratos suscritos en 1994 del 2027 hasta el 2032

¿Qué elementos tuvo el MTC para denegar la petición de ? En concreto y basado en informes del regulador Osiptel, en el hecho de que  registró 1,362 sanciones de carácter firme –entre el 01 enero de 2009 y 27 junio de 2014 que fue el periodo de evaluación– de los cuales 777 sanciones fueron de normativa sectorial y 585 de leyes de Perú.

"Cuando la actual gestión asume la administración (del MTC) se encuentra con que el 2013 la empresa había presentado su solicitud (para la renovación de ambos contratos) pero no se habían resuelto por lo que retomamos el procedimiento según lo establecido en el contrato, por lo que pedimos informes de evaluación al Osiptel y a su vez hicimos otras evaluaciones por nuestro lado, con lo cual tuvimos los elementos de convicción suficientes para declarar que  cruzó el umbral del 80% de incumplimientos –como lo establece el propio contrato–  por lo que no procede la renovación del plazo solicitado para ambos contratos", explicó 

En ese sentido, negó –tal como precisó en la víspera a través de un comunicado– de que se "habrían producido cambios a las reglas del juego que afectarían los futuros procesos de renovación de los contratos de concesión de la industria".

"Ello no es cierto ya que no ha habido ningún cambio a las reglas del juego porque la metodología para la renovación de los contratos de concesión fue aprobada a través de un Decreto Supremo emitido el 2010, que no ha sido impugnada, y que incluso fue modificada a inicios de este año, en la que se le dio más flexibilidad", especificó la viceministra.

En efecto, en el Decreto del 2010 se especificaba que si la empresa pasaba el 40% promedio de penalidad, no se le renovaba el contrato; pero esta "regla" se cambio el 2018 y se indicó que si el rango de penalidades promedio estaba entre 40% y 80%, el Estado tendría la facultad de evaluar si le renueva o no, siempre que se comprometa con indicadores de calidad, mayor cobertura, entre otros beneficios.

"Pero en el caso de ya ni siquiera está en ese rango, esta mucho más. Lo que ha habido es un efecto de embalse dado que Telefónica durante otros periodos cuestionó judicialmente muchas de las sanciones que se le imponían, entonces llega un momento en el cual no hay plazo que no se venza, (por lo que) se emiten las decisiones, con lo cual ha tenido un alto grado de sanciones acumuladas. Eso lo que ha pasado", explicó.

Añadió, asimismo, que la metodología usada –cuestionada por la empresa– se utilizó en la tercera renovación (la denegada fue la cuarta renovación) así como en la renovación total de , de y de otras empresas como Americatel.

"Ninguna de estas renovaciones han sido impugnada, ni tampoco la metodología usada ha sido cuestionada a nivel del Poder Judicial. No obstante, la empresa está en todo su derecho de reclamar y nosotros tenemos toda la documentación para contestar", precisó la viceministra. 

La viceministra Virginia Nakagawa inauguró el “SUMMIT Antipiratería y Contenidos Tour 2018”. (Foto: Difusión)
La viceministra Virginia Nakagawa inauguró el “SUMMIT Antipiratería y Contenidos Tour 2018”. (Foto: Difusión)

Tras esta decisión afirmó que los usuarios de telefonía fija no se verán afectados por esta decisión tomándose en cuenta que la empresa cuenta con otros 17 contratos vigentes que aseguran la continuidad de este servicio que incluye telefonía fija, portador de larga distancia nacional e internacional; además de procesos de renovación en curso e incluso algunos llegan hasta el 2029. 

" tiene títulos habilitantes suficientes para que llegado el momento en el 2027 (fecha en la que caducan los dos contratos que se le fue negado su renovación) pueda seguir prestando servicio a los usuarios. En concreto, no hay posibilidad de afectación a los usuarios, ya que hay las concesiones suficientes para que Telefónica siga prestando servicios. Su presencia está garantizada en el país", detalló.

La representante del Ejecutivo anotó que si no existieran los 17 contratos vigentes, los contratos denegados establecen que tienen obligaciones hasta por tres años más, si el Estado así lo define para garantizar el servicio. "La puesta en vigencia de esta medida será decisión del gobierno peruano de esos años", indicó.