El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) aclaró que la asignación de las frecuencias radioeléctricas se realiza a solicitud de parte (a pedido de una empresa) o a través de concursos públicos.

En la víspera la Asociación de Consumidores Elegir denunció que el MTC habría “prestado” la banda 2.5 Ghz de forma gratuita a la empresa Bitel, en diciembre de 2017.

Al respecto, el ministerio indicó que la asignación de espectro en la banda 2.5 Ghz a la empresa Bitel tuvo lugar a solicitud de parte basándose en el hecho de que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) no había establecido que la asignación de dicha banda se dé por concurso público.

“La Dirección General de Concesiones en Comunicaciones en la gestión anterior, en su informe que sustentó la Resolución Directoral N° 690-2017-MTC/17 de diciembre del 2017, indicó que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) no había establecido que la asignación de dicha frecuencia se dé por concurso público”, precisó en un comunicado.

Agregó que en la misma resolución se estableció que en caso la banda de 2.5 Ghz ingresara en un “reordenamiento”, esta podría ser revertida al Estado, condición que fue aceptada por la operadora Bitel.

“Con dicha condición, Bitel aceptó la asignación de la frecuencia. Es de especial relevancia tener en cuenta dicha condición, con lo que cualquier decisión de reversión, no es un cambio de juego o de reglas, ni genera desincentivos a la inversión ya que dicha condición se configuró desde el primer día”, precisó.

En esa línea, el ministerio precisó que el tratamiento al recurso “frecuencias”, que es tan necesario para la calidad, eficiencia, cobertura y mejora de los servicios a los ciudadanos, requiere de un contexto moderno y que siga las mejores prácticas internacionales en un marco de transparencia.

Ante lo cual publicará en breve el proyecto de decreto supremo para el “reordenamiento” de las frecuencias (eficiencia y calidad) para recibir comentarios; y el proyecto de decreto supremo para la aprobación de la metodología de evaluación para medir el uso eficiente del espectro, con lo que revierte al Estado aquello que las empresas no están usando de manera efectiva (desincentivo para comportamientos de acaparamiento).